Fuera de lugar

El discurso de apertura del año judicial por parte del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, el pasado lunes, ha llenado de estupor a buena parte de la carrera. Entre los discursos corporativistas tradicionales, con acento en la falta de medios materiales y bajos sueldos, y la disertación filosófica divulgativa debería existir un punto intermedio. Y también entre la crítica política al Gobierno y la obsequiosidad, no menos política, hacia el poder.

Según el presidente del Supremo, estamos ante expectativas de 'reforma y modernización' de la justicia sin 'término de comparación en la historia'; en una etapa en la que 'la ilusión y las expectativas caminan de la mano en busca de cumplida satisfacción' y en la que ya es visible, entre otros 'felices frutos' del Pacto por la Justicia, la Carta de Derechos de los Ciudadanos, que muestra el 'nuevo talante que impregna las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos', la prueba de cuyo acierto es 'el interés mayúsculo que ha despertado en los poderes judiciales extranjeros'. Pues que sea enhorabuena, aunque tanta complacencia resulte impropia del lugar y la ocasión.

La propuesta de que los usuarios de la justicia contribuyan a sufragarla mediante tasas sólo se entiende como factor disuasorio del recurso excesivo a los tribunales. Pero entonces haría falta justificar la conveniencia de limitar esa tendencia de los ciudadanos a acudir a los tribunales. Si se trata simplemente de recortar el Estado de bienestar con el argumento de que los servicios los pague quien los usa, la cosa suena fatal. No es lo mismo una autopista que la justicia.

La parte más sobresaliente del discurso fue una larga perorata sobre inmigración. A pesar del buen gusto de citar a Sartori, para no ser acusado de plagio, Hernando deslizó algunas ideas que deben ser de su cosecha y que, en cualquier caso, no venían a cuento.

Empezar la reflexión sobre la inmigración partiendo del fanatismo de los que atentaron contra las Torres Gemelas está fuera de lugar. Y aunque sea cierto que ninguna diferencia cultural puede justificar los ataques a derechos individuales, resulta extemporánea la referencia a la necesidad de medidas de protección de las culturas españolas frente a las foráneas, o la necesidad de 'no malbaratar' la bonanza económica 'acuñada por el esfuerzo de generaciones pasadas'. En fin, el énfasis puesto en alertar contra los riesgos de ceder a la presión de los inmigrantes sin papeles sólo se explica, en el contexto del momento, como un deseo (excesivo) de agradar a algún ministro.