Brindis energético

El plan energético presentado por el Gobierno el viernes pasado es todo un modelo de la retórica política usual de los gobiernos de José María Aznar y de su peculiar forma de aproximarse a la gestión de los asuntos públicos. El plan recoge un apabullante programa de inversiones en producción e infraestructuras energéticas de 26.500 millones de euros en el periodo 2002-2011, de los que 18.500 millones dependerán de la iniciativa privada. El resto, unos 8.000 millones, serán decisiones públicas para la mejora de las redes de transporte de electricidad y gas.

Además de este propósito de mejora de infraestructuras, en el que se percibe el intento oficial por convencer a la opinión pública de que se toman medidas para acabar con los apagones eléctricos y las deficiencias en la calidad del suministro energético, el Gobierno propone un cambio muy acentuado en la estructura energética: rebajar la participación del carbón, el petróleo y las plantas nucleares en la producción de energía, y aumentar en paralelo el peso proporcional del gas en la producción final: desde el 12,2% actual hasta el 22,5% en 2011. El esfuerzo que se calcula para las energías renovables es todavía mayor y su importancia relativa pasaría del 5,6% al 12% en 10 años.

Poco hay que objetar a las cifras. Sería difícil encontrar hoy un economista, ingeniero, empresario o consumidor que se opusiera a duplicar la gasificación del país, reducir el consumo de carbón y moderar el peso del petróleo en el balance energético; lo mismo cabe decir del abrumador consenso técnico y social sobre la necesidad de aumentar las plantas de producción eléctrica e invertir en la red eléctrica y gasista. El problema surge cuando se pretende comprobar la consistencia de tan excelentes intenciones, porque el Gobierno no explica cómo se conseguirán esos objetivos. Y como no se detallan los instrumentos y decisiones a través de los cuales será posible alcanzar el nuevo balance energético, el plan de José Folgado, secretario de Estado de Energía, queda reducido a lo que es en realidad: un conjunto de prospectivas empresariales volcadas a toda prisa en un papel, junto con la suma sin elaborar de las peticiones de inversión de compañías eléctricas y gasistas.

Abundan los ejemplos que confirman este diagnóstico. Por ejemplo, la cuota de inversión privada es muy respetable, pero nada garantiza que se produzca; recuérdese que las compañías eléctricas también presionaron sobre el Ejecutivo para participar en la liberalización del mercado del gas y, cuando el Gobierno permitió la participación en Enagás, las empresas se negaron a participar en su capital y, por tanto, en la financiación de las infraestructuras de gas. Tampoco es muy coherente, por ejemplo, que la importancia capital que se concede al gas no vaya acompañada de un esfuerzo importante -que no se menciona- en la diversificación de los países suministradores; o que nadie sepa cómo se va a conseguir ese avance espectacular en las energías renovables.

Un castizo diría que el plan del Gobierno es un brindis al sol y, con la información disponible, no habría más remedio que darle la razón. Recuérdese que en 2002 el Gobierno anunció a bombo y platillo la puesta en práctica de un plan de ahorro energético que se olvidó minutos después de haberse presentado. El plan energético puede correr idéntica suerte.

La decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de proponer al Gobierno el cierre de la central nuclear de Zorita (en Guadalajara) para el 30 de abril de 2006 resulta prudente y algo más sólida. Aunque la última palabra la tiene el Gobierno, difícilmente se podrá sustraer a la recomendación del CSN, cuya presidenta, María Teresa Estevan Bolea, ha quedado en una posición desairada al abstenerse, lo que no menoscaba la credibilidad de la decisión de la institución de control de la seguridad nuclear.

Zorita es, a todos los efectos, una planta obsoleta y ha estado envuelta en la polémica ante la insistencia de los movimientos ecologistas que presionaban por el cierre de una planta que se construyó con un carácter experimental. Es de esperar que el plan de cierre que se elabore para 2004 contenga rígidas medidas de seguridad, además de un plan de desarrollo económico para una zona que vivía en buena parte de esta pequeña central. En todo caso, la decisión sobre Zorita puede incidir sobre el futuro de la energía nuclear en España.