Los zapatistas protestan contra un fallo judicial que rechaza la reforma de la ley indígena

El fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que rechaza las 321 demandas de la izquierda mexicana contra la Ley sobre Derechos y Culturas Indígenas, aprobada en abril del pasado año por el Congreso de México, está siendo protestado por concentraciones de indígenas y el zapatismo. La Corte rechazó el 6 de septiembre las demandas presentadas por grupos indigenistas, intelectuales y el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), y reactivó así la controversia sobre la autonomía de las 52 etnias nacionales. La ley de abril limitó sustancialmente la establecida en el proyecto de 1996, redactado por la parlamentaria Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA).

El diálogo entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quedó roto, en agosto del año 2001, con la promulgación de una ley que considera a las comunidades indígenas 'entidades de interés público', en lugar de 'derecho público', según la propuesta de la COCOPA. Tendrán 'preferencia' en la explotación de los recursos nacionales, pero no su 'uso exclusivo', tal como exigen las organizaciones indigenistas. Otras modificaciones regularon 'los usos y costumbres' de las etnias, y el marco jurídico y político de aplicación de estos polémicos regímenes internos.

Miles de indígenas se manifestaron estos días en San Cristóbal de las Casas y en Ocosingo, ambos en el Estado de Chiapas, donde permanece alzado, desde enero de 1994, el subcomandante Marcos. La ley del año 2001, según la guerrilla bajo su dirección, es 'una vergüenza' que consagra constitucionalmente 'los derechos y culturas de los latifundistas y racistas' e ignora los acuerdos de San Andrés Larraínzar, firmados por delegados del Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) y del EZLN. Para atajar eventuales tentaciones independentistas, las correcciones de la última presidencia del PRI a la iniciativa de ley resultante de los acuerdos fueron rechazadas por el zapatismo.

Vicente Fox, investido en diciembre del año 2000 tras vencer al PRI en las elecciones de julio de ese año, asumió el texto de la COCOPA, al menos en sus declaraciones públicas. Pero el Congreso, incluido el gubernamental y conservador Partido Acción Nacional (APN), rebajó la autonomía pretendida, en 1996, por la comisión del legislativo. El nuevo Parlamento argumentó en 2001 que la autonomía de la COCOPA era de imposible aplicación porque ponía en peligro la unidad de México y abría el paso a violentas pugnas jurisdiccionales, por la tierra fundamentalmente, entre las propias etnias, que representan a 10 millones de indígenas mexicanos, el 10% de la población total del país.