CiU ofrece al PP hasta 3 versiones de sus enmiendas al 'decretazo'

Convergència i Unió ha entregado al Grupo Popular y al Ministerio de Trabajo un borrador de sus enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral en que se ha transformado el decretazo. En busca de un pacto con el PP, CiU le ha enviado hasta tres redacciones de las enmiendas a las cuestiones más polémicas, como los salarios de tramitación o la cobertura por paro para los trabajadores fijos discontinuos.

El portavoz de CiU en cuestiones laborales, Carles Campuzano, hablará hoy con el secretario general de Empleo, Juan Chozas, para ver en qué áreas es posible el acuerdo. En función de su respuesta, CiU presentará las enmiendas más radicales o las más cercanas al PP

Trabajo ya ha comunicado a CiU que la cuestión más difícil de enmendar es la supresión de los denominados salarios de tramitación, que son los que el empresario estaba obligado a pagar al trabajador cuando el juez sentenciaba su despido improcedente. Sobre el resto de las cuestiones, CiU ha recibido 'muy buenas palabras' del PP y del Gobierno y el mensaje de que podían ser 'bien recibidas quizá con algún retoque en la redacción', es decir, a través de alguna enmienda transaccional.

Salarios de tramitación. Su supresión con el decretazo ha sido criticada por sindicatos y oposición como una medida que equipara, en la práctica, despidos procedentes e improcedentes. El Gobierno considera que así se incentiva que se busque activamente un empleo desde el momento del despido, en lugar de esperar a la sentencia de modo que durante unos meses ni trabajaba ni estaba oficialmente parado.

CiU plantea tres opciones para paliar esa 'reducción de derechos'. La más costosa para el erario público, y más beneficiosa para los parados, consiste en incrementar en seis meses el tiempo de derecho al cobro del seguro de desempleo si el despido es improcedente. CiU no incluye ningún coste para la empresa que despida sin motivo.

La segunda redacción sólo prevé que se consideren como cotizados los días transcurridos entre el despido y la declaración de improcedencia, lo que beneficiaría, sobre todo, a quien no haya cotizado el mínimo para cobrar el seguro de desempleo. Y de aquí surge la tercera propuesta: sólo contar como cotizado ese tiempo si el desempleado no alcanza el mínimo necesario para cobrar el seguro de paro, es decir, menos de un año.

Fijos discontinuos. Los contratos fijos discontinuos de llamada cierta (habituales en la hostelería o en colegios) pasan a tiempo parcial y se elimina el cobro del desempleo durante los meses de inactividad. CiU propone que se pague cuando 'carezcan de ocupación efectiva' en esos meses. Otra redacción deja la determinación de qué es esa otra ocupación efectiva al reglamento que desarrolle la ley.

Mayores de 50 años. Un tercer elemento clave del decretazo es la consideración como renta incompatible con el subsidio de desempleo de la indemnización por despido, aunque ésta se perciba periodificada, es decir, en varios años. Esta medida dañaba sobre todo a los prejubilados. CiU propone o bien que de nuevo se definan en el reglamento las rentas incompatibles o que, en todo caso, sólo se compute como renta el importe de la indemnización por despido en lo que exceda al triple del salario mínimo interprofesional en términos anuales.

Oferta adecuada de empleo. La genérica redacción con la que el decreto-ley de desempleo define qué es una oferta adecuada de empleo es el argumento de sindicatos y oposición para criticar la arbitrariedad que concede a la Administración para exigir al parado que acepte un empleo. CiU, aquí con una sola redacción, propone que se elimine de la ley la apostilla de que será adecuada cualquier oferta de empleo que se ajuste a las aptitudes físicas y formativas del parado. Otra enmienda sobre esta cuestión limita con muchos más requisitos los 30 kilómetros de distancia máxima a la que puede estar esa oferta adecuada. Exige que haya oferta suficiente de transporte público y que el desplazamiento no lleve más de un 25% del tiempo de la jornada ni un coste superior al 10% del salario.

Compromiso de actividad. Ahora, con el decreto-ley, los parados deben comprometerse a buscar un empleo para cobrar el paro y a aceptar lo que les ofrezca el Inem. CiU propone que se les dé un periodo de gracia de 100 días antes de ponerles entre la espada y la pared.