El PP modifica el 'decretazo' para suavizar los efectos de la desaparición del PER

El Gobierno modificará el decretazo para suavizar los efectos de la desaparición del subsidio agrario, más conocido como PER. Cinco de las 33 enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral que ayer presentó el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados recogen las peticiones formuladas por la secretaria general del PP de Andalucía, Teófila Martínez. Las modificaciones aceptadas por los populares pretenden 'reforzar la ocupabilidad y la protección por desempleo de los trabajadores eventuales agrarios' de esa comunidad autónoma.

El PP prometió, igualmente, acoger las reivindicaciones de CiU sobre la regulación de la oferta de empleo adecuada, pero calificó de 'muy difícil' un hipotético acuerdo para que sea el Estado el que pague los salarios de tramitación.

Cinco de las 33 enmiendas presentadas por el PP tratan de suavizar los efectos que la desaparición del subsidio agrario no contributivo, más conocido como PER, tendrá en los trabajadores agrarios de Andalucía y Extremadura. Con las modificaciones propuestas, el Gobierno permitirá a los beneficiarios del PER que las cotizaciones pagadas por otras actividades no agrarias puedan computar para obtener posteriormente la prestación por desempleo.

El PP acepta también la extensión de la Renta Activa de Inserción (el subsidio que cobran los que no tienen ningún ingreso) para todos aquellos que no cumplan los requisitos establecidos para cobrar el PER. También propone que se les incluya en un programa similar al de las escuelas taller. Se trata de incentivar a los cobradores del subsidio para que busquen empleo y no se conformen con trabajar las 35 peonadas al año que dan derecho al PER.

Por último, el texto permitirá compatibilizar el cobro del PER con el trabajo para todos los beneficiarios del subsidio agrario mayores de 52 años.

Negociación con CiU

El portavoz económico del PP, Vicente Martínez-Pujalte, aseguró que 'está totalmente abierto al diálogo' sobre las enmiendas al decretazo de los otros grupos, pero citó expesamente a CiU y Coalición Canaria.

Respecto a las enmiedas de CiU, Martínez-Pujalte repitió las palabras del ministro de Trabajo Eduardo Zaplana en lo relativo a los salarios de tramitación. La enmienda presentada por CiU propone que se considere asimilado al alta al trabajador despedido en tanto se dilucida si el despido fue o no procedente. Martínez-Pujalte consideró ''difícil' un acuerdo en este sentido, pero se mostró más receptivo con la propuesta de los nacionalistas de personalizar al máximo la oferta de empleo adecuada, teniendo en cuenta las circunstancias familiares del trabajador, el tipo de contrato ofrecido (indefinido o a tiempo parcial) y la disponibilidad de trasporte público hasta el futuro lugar de trabajo.

El PSOE, tras el rechazo de su texto alternativo a la reforma, presentó 47 enmiendas parciales y solicitó que, antes de su debate, comparezcan en el Congreso el secretario general de Empleo, los secretarios generales de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y el de la patronal CEOE para que informen sobre los efectos que la aplicación del decretazo ha tenido en el mercado de trabajo.

Su portavoz en la comisión de política social y empleo, Ramón Jaúregui, afirmó que las enmiendas socialistas 'pretenden evitar los efectos restrictivos y la reducción de derechos dañados por el decreto-ley'.

Los socialistas solicitan en algunos casos la supresión de las reformas introducidas por el decreto y, en otros, incorporan las redacciones legales anteriores a su entrada en vigor.

Jáuregui reiteró su oposición al compromiso de actividad que regula el decretazo y propuso en su lugar un 'compromiso de inserción'.