Pro-Río exige que los gestores del Segura costeen su recuperación

La Comisión Pro-Río de Orihuela, uno de los colectivos que ejerce la acusación particular en el proceso judicial abierto por la contaminación del Segura contra los gestores de la Confederación Hidrográfica, ha pedido a la juez que condene a los imputados a sufragar un plan de regeneración y saneamiento integral del cauce, además de cuatro años de prisión y multas para cada uno de los cuatro acusados.

'La Confederación es responsable subsidiario y debe pagar los daños'

Pro-Río reclama que los imputados, Juan Cánovas (actual presidente de la Confederación), Antonio Nieto (ex presidente), José Alemán (vigente comisario de aguas) y Luis Pérez (ex comisario), 'reparen los daños y perjuicios causados' en el Segura y 'respondan a los costes de regeneración del río' en el tramo que recorre La Vega Baja. Conforme al artículo 121 del Código Penal, la Confederación deberá responder subsidiariamente de los daños causados por los cuatro imputados, según indica el escrito que Pro-Río ha remido a la magistrada que instruye la causa.

A diferencia de Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, también personados en la causa, que han reclamado las penas máximas, de hasta seis años de cárcel, para los imputados, Pro-Río las rebaja a cuatro años, la pena mínima que establece el Código Penal para un delito continuado contra el medio ambiente. A cada uno de los cuatro acusados les reclama, además, su inhabilitación durante tres años y una multa de 24 meses a razón de 60 euros al día.

'Esas indemnizaciones consistirán en sufragar un plan de regeneración del río Segura', indicó el portavoz de Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau. Esta reivindicación coincide con uno de los puntos que ha planteado la otra parte de la acusación, que se ha mostrado más inflexible en sus peticiones. Mientras la propuesta de Pro- Río no contempla ninguna pena para las once empresas imputadas por realizar vertidos tóxicos al cauce, Ecologistas en Acción y AHSA piden hasta dos años de prisión en los casos que consideran más extremos.

Para determinar las penas exigidas a las industrias, el letrado de los grupos conservacionistas, Antonio Bas, ha seguido dos consideraciones: la posesión o no de licencia para efectuar dichos vertidos y la carga contaminante de los mismos. Las condenas que exigen oscilan, así, entre los seis meses que piden para las empresas más inocuas y los dos años de prisión.

Entre las industrias que se enfrentarán a una petición de dos años de cárcel figuran cinco: Ahumados Torá, Baden Tint SL, Calzados y Plásticos Españoles, Congesa y Patatas Bedi. Para V. B. Autobaterías y González García Hermanos, SL, exigen un año de prisión, y tan sólo seis meses para el resto: Aufersa, Cartonajes Vega Baja, Incovega, SL y Manuel Mateo Candel.

Según comentó el abogado de AHSA y de Ecologistas en Acción, los vertidos de Baden Tint contenían un alto índice de plomo, grasas, aceites y sal y se derivaban a cultivos 'con el evidente riesgo que esa situación entrañaba para la producción agraria y para la salud de las personas', subrayó Antonio Bas. Calzados y Plásticos Españoles había cometido reiteradas infracciones que obligaron a la Confederación a incoar varios expedientes sancionadores, mientras Ahumados Torá trasladaba sus vertidos a una acequia que desembocaba directamente en el paraje de El Hondo, una zona de especial protección, catalogada como lugar de interés comunitario. Congesa superaba los parámetros de cloruro y sólidos en suspensión y Patatas Bedi también 'excedía de forma brutal los límites legales'.

'Hemos sido especialmente duros con aquellas industrias que eludieron todos los trámites administrativos -subrayó Bas- y que han estado aportando una carga contaminante muy elevada al río'.

[El decano del colegio oficial de Ingenieros Agrónomos de Murcia, Fernando Riquelme, respaldó ayer la labor del presidente de la Confederación, Juan Cánovas, y del comisario José Alemán, al tiempo que reclamó para ambos la presunción de inocencia].