Un arbitraje resolverá el conflicto de los abogados alaveses

La guerra abierta en el Colegio de Abogados de Álava entre sus dos últimas juntas de gobierno ha entrado en una vía de solución después de que ambas partes hayan decidido someterse a un arbitraje para resolver sus disputas. La acusación de irregularidades en la gestión lanzada por los actuales responsables del Colegio contra sus antecesores estaban a punto de acabar en una querella criminal.

Finalmente, se han limado las diferencias que impidieron anteriormente un arbitraje del Consejo de la Abogacía y serán los decanos de los colegios profesionales aragoneses los que ejerzan esta labor mediadora en los próximos seis meses. La elección de estos letrados como intermediarios se decidió en una reunión celebrada en al coincidir ambas partes en que se trata de letrados cualificados recientemente elegidos en sus circunscripciones y sin vinculación alguna con los dos grupos enfrentados.

Antes del verano, la junta de gobierno anterior, encabezada por el ex decano José Vidal Sucunza y acusada de irregularidades en la gestión económica del Colegio, puso en marcha la vía judicial al citar a los dirigentes actuales a un acto de conciliación previo a la presentación de una querella criminal.

Ante el juez, los once miembros del actual equipo de gobierno, que preside Javier Martínez de San Vicente, se ratificaron en sus acusaciones.

Irregularidades contables

En concreto, han defendido en todo momento que la anterior junta colegial cometió irregularidades contables en la venta de la entonces sede de la entidad y con respecto a otros gastos más, actuaciones que les llevaron a crear cinco comisiones de investigación internas.

Una queja de los acusados llevó al Consejo Vasco de la Abogacía a invalidar estas comisiones de investigación, dejando el conflicto abierto hasta el inicio de los trámites de la querella el pasado mes de mayo.

El acuerdo de arbitraje alcanzado aparca por el momento esta vía judicial y deja en manos de los decanos aragoneses una solución de mutua aceptación. Sus trabajos se pondrán en marcha este mismo mes y se prolongarán a lo largo del próximo medio año, durante el cual deberán investigar si existe base para sostener las acusaciones formuladas por el equipo de Javier Martínez de San Vicente y emitir una resolución que ya se han comprometido a asumir las dos partes enfrentadas.