De cómo un juez puede cerrar un medio de comunicación

A la chita callando, por la vía de la letra pequeña de la ley, se cierne una nueva amenaza sobre la libertad de expresión. Puede ocurrir en cualquier juzgado de primera instancia. Con la nueva ley de Procedimiento Civil un juez puede imponer a un medio de expresión una indemnización desmesurada que provoque su cierre, sin que muchas veces exista, de hecho, la posibilidad de apelación. En efecto, el beneficiado por una sentencia puede solicitar inmediatamente la ejecución provisional sin prestación de garantía ni requisito de ninguna clase de devolución de la indemnización recibida, en el caso de que el medio ganara el recurso ante la Audiencia Provincial o el Supremo.

Es probable que el legislador pretendiera con la nueva norma evitar abusos en el uso de los recursos, pero no supo prever las terribles consecuencias que semejante innovación podrían deparar sobre la libertad de expresión. Quizás pensara, ingenuamente, que ningún juez adoptaría una medida que amenazara la vida de un medio aplicando siempre los criterios establecidos en la Ley para la fijación de indemnizaciones. Sin embargo, todo es posible cuando uno cae en un juzgado y, como luego contaré, lo más improbable acaba de ocurrir en un juzgado murciano. Todo colectivo, sea de jueces, de periodistas o de policías, tiene derecho a un porcentaje de profesionales que no trabajan con la pulcritud deseable. El peligro no se limita a la posibilidad de que una demanda caiga sobre la mesa de un juez cargado de prejuicios; el riesgo es mayor que el atribuible a la mala suerte en el sorteo de la demanda, pues cada día es más evidente la actitud obsequiosa, casi obediente, de muchos jueces respecto del poder político, sea el del Gobierno de la nación, el de las comunidades autónomas o el de los ayuntamientos. Lo que le ha ocurrido a El Siglo con una juez de Murcia, donde gobierna el PP, le está pasando, por ejemplo, a La Voz de Almería, según me comentaba su director, en relación a la querella interpuesta por un alcalde socialista.

'No se nos ocurre más explicación sobre lo sucedido que la del ataque político por parte del Partido Popular de Murcia'

'Con la nueva ley, un medio puede morir antes de que se le haga justicia'

'Se autorizó a que se me interrogara sobre mi ideología, que era la cuestión fundamental'

Me repele que el periodista tenga patente de corso, que abuse de su poder mediático. Así lo he manifestado siempre y me honro de ser cuidadoso en la comprobación de la información. Si me equivoco debo pagar como los demás. Pero no es este el caso. Lo que trato de explicar es que, con la nueva ley, un medio puede morir antes de que se le haga justicia por la aplicación inmediata -y de hecho definitiva- de una sentencia de primera instancia, desapareciendo en la práctica el derecho al recurso. Se le da pues a un solo juez, tan humano como cualquier hijo de vecino en sus filias o en sus fobias o simplemente en sus naturales errores, un poder desmesurado: el derecho sobre la vida de una publicación y el salario de sus trabajadores. La nueva ley de procedimiento civil nos retrotrae, por un camino insospechado, a la autocensura.

En lo que a la sentencia contra El Siglo se refiere, el demandante y la juez han rizado el rizo con una sutileza admirable que puede crear un terrible precedente y que desarmaría todas las preocupaciones constitucionales de proteger la crítica fundada a los poderes públicos. La revista que dirijo publicó un reportaje en el que se daba cuenta del revuelo producido en Murcia, ampliamente divulgado por la prensa local, respecto a la contratación de equipos informáticos por parte de un director general del Gobierno murciano. Pues bien, dicho dirigente ha encontrado una astuta fórmula, que la juez ha aceptado con la mayor naturalidad, para sortear el derecho constitucional a criticar a los poderes públicos: pedir una indemnización astronómica en razón de las dificultades que podría sufrir para encontrar trabajo una vez que cese en dicho cargo. Si prolifera esta fórmula, los cargos públicos se habrán privatizado entrando en un mercado de futuros de nuevo cuño, blindándose así frente a la crítica. Habrán conseguido por este peregrino procedimiento impunidad absoluta en razón de su supuesta cotización profesional del día de mañana, cuando sean ciudadanos de a pie. Es difícil imaginar una astucia más refinada.

El artículo de El Siglo está en las hemerotecas. Afortunadamente, ni al gobernante murciano ni a la juez se les ha ocurrido una fórmula para hacer desaparecer el pasado, por lo que el lector curioso puede comprobar lo que El Siglo contó. Esta revista contrastó exhaustivamente la información y se puso al habla, como es de rigor, con el personaje cuestionado, cuyas declaraciones aparecen tal como las formuló. Como he reconocido antes, el artículo de El Siglo no fue una rabiosa exclusiva: La radio local había informado puntualmente y La Verdad de Murcia, del poco izquierdista Grupo Correo había sido incluso más contundente señalando que los hechos denunciados eran constitutivos de delito, cosa que El Siglo no afirmaba. Por otra parte, la oposición pidió una comisión de investigación en el parlamento murciano que no prosperó por el voto en contra del PP, que cuenta con la mayoría absoluta de la cámara, y el secretario general de la Federación de Servicios Públicos pidió el cese del alto cargo.

El asunto no podía ser, pues, más de dominio público, por lo que resulta chocante que la reclamación del dirigente murciano en previsión de que no encuentre empleo en el futuro se dirigiera solo contra nuestra revista. No se nos ocurre más explicación que la del ataque político por parte del PP de Murcia. Que una modesta revista tenga que pagar una cantidad sin precedentes en este tipo de demandas porque, debido a este reportaje, muy tímido comparado con los de la prensa local, el dirigente murciano pudiera no encontrar empleo en el ámbito provincial donde siempre ha trabajado, podría engordar nuestro ego, pero desgraciadamente no somos tan importantes. Por cierto que, a la vista de lo visto, no parece muy real semejante peligro de desocupación futura sino más bien parecería lo contrario: el caché del director general se verá fuertemente revalorizado por su evidente influencia en el Gobierno murciano del presidente Valcárcel que le mantiene en su puesto contra viento y marea, año y medio después, frente a la oposición política, los sindicatos y la prensa.

Con esto se castiga a un medio progresista independiente, sin que las verdaderas dificultades para encontrar empleo de los trabajadores de El Siglo, más reales que las temidas por el dirigente del Gobierno murciano, impresionen. No basta pues con las garantías fijadas en la Constitución, ni con la doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional orientadas a proteger esa pieza básica para la democracia que es la libertad de expresión y en particular a lo que la crítica de los poderes públicos se refiere. La doctrina ha fijado con claridad que en caso de conflicto entre el honor de una personalidad pública y la libertad de expresión predomina esta última. No sirven de nada todas estas preocupaciones de los legisladores y de los altos tribunales si una juez decide imponer una indemnización imposible.

La libertad de expresión se ha puesto muy cara para todos pero se hace prohibitiva para los pequeños medios, que son esenciales para garantizar el pluralismo por su independencia de los poderes públicos y de los grandes grupos económicos. Hasta hace poco predominaba la idea de una cierta indefensión de los personajes públicos, políticos y no políticos, respecto a los abusos de la prensa. El delicado equilibrio entre el miedo al periodista y el miedo del periodista se ha decantado claramente en perjuicio del profesional de la prensa. Quizás sea una manifestación más de la ola conservadora que recorre el mundo. Desde luego el problema no se ciñe al ámbito murciano.

En este caso, dicho sea con todo el respeto a nuestros tribunales, se autorizó a que se me interrogara sobre mi ideología, que era, no nos engañemos, la cuestión fundamental en este asunto; se fijó la indemnización sin exponer razón alguna sobre la determinación de la cuantía, y se fundamentó la condena en afirmaciones que El Siglo nunca ha publicado. Pero, sean cuales sean las posibilidades de un recurso ante instancias superiores, de nada sirven si antes se ejecuta la sentencia de primera instancia con sus irreparables consecuencias.

¿Qué hacer pues cuando se siente la indefensión ante una sentencia que puede ser irreversible por la inmediata ejecución de la misma? Quizás pueda pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial. Pediré el amparo del colegio de periodistas, del defensor del Pueblo... Que Dios me ampare.

José García Abad es director de El Siglo.