La Comisión Arbitral tendrá que intervenir en el conflicto de los centros de tráfico

La Comisión Arbitral, el organismo paritario encargado de mediar en los conflictos entre las administraciones vascas, deberá intervenir de nuevo en la polémica surgida entre el Departamento de Interior del Gobierno vasco y las tres diputaciones para determinar cuál es la institución que posee la competencia para crear un centro de control de tráfico. La Comisión ya dispuso hace un año de una oportunidad para decidir sobre esta polémica, puesto que las tres diputaciones presentaron sus respectivos recursos contra un decreto de Interior. Sin embargo, el órgano no llegó a entrar en el fondo del asunto, alegando defectos formales en los escritos de los gobiernos forales.

Desde entonces, Interior por un lado y las diputaciones por otro han organizado sus propios centros de tráfico. Ahora, un recurso del Gobierno devuelve el caso a la Comisión Arbitral.

En el último año, las diputaciones y el Gobierno vasco se han intercambiado recursos, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial. El punto de partida fue un decreto emitido por Interior el pasado verano, sin consultar previamente a Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y sin apenas tiempo de que éstas presentaran recursos. Por ese motivo, la Comisión Arbitral acabó rechazando las alegaciones de las diputaciones, porque unas presentaron tarde los recursos y otra no utilizó los canales reglamentarios. Aquella inhibición del órgano mediador abrió una sucesión de hostilidades.

Las tres diputaciones han negado todos los permisos necesarios para que Interior colocara en las carreteras cámaras de televisión, fibra óptica y otros instrumentos para poner en marcha su centro de control de tráfico. El Gobierno reaccionó llevando el conflicto al Tribunal Superior.

Las diputaciones han mantenido, entretanto, su idea de crear sus propios centros de tráfico. Vizcaya y Álava ya han puesto en marcha los suyos propios. Álava, incluso, dio el pasado 30 de julio un paso añadido. Aprobó un decreto que servía para dotar de cobertura legal a la sede de control de carreteras que instaló en las afueras de Vitoria. El Gobierno reaccionó de inmediato. Ese mismo día, sin siquiera tiempo de que el texto se publicara en el boletín oficial, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, acordó requerir a la Diputación para que retirara varios puntos del decreto por entender que 'lesionan las competencias que sobre tráfico y circulación de vehículos corresponden al Gobierno vasco'.

El origen del conflicto está en aclarar hasta dónde llegan las competencias de cada cuál. El Gobierno dispone de la responsabilidad en seguridad vial y tráfico, mientras que a las diputaciones les competen la construcción y el mantenimiento de carreteras. Las administraciones, sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre a cuál corresponde colocar señalización variable y postes de auxilio, entre otras cuestiones. El Gobierno acusa a la Diputación de Álava de haber utilizado su decreto de 2001 como 'modelo' para el nuevo texto foral y de copiar 'su estructura y el tenor literal de algunos preceptos', e insiste en 'la evidente invasión competencial' que supone, a pesar de que el decreto foral hace un llamamiento a la colaboración entre las instituciones.

La Diputación alavesa aprobó ayer una contestación al requerimiento enviado por Interior. En ella se ratifica uno a uno en todos los puntos del decreto. Esta posibilidad ya la había previsto el Gobierno y ha asegurado que promoverá un conflicto de competencias ante la Comisión Arbitral. Lo hará este mismo mes. Ahora, la decisión sobre la polémica está en manos del órgano mediador.