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Colombia aprueba la detención sin orden judicial y la creación de zonas militarizadas

El Gobierno colombiano decretó ayer la detención de sospechosos sin orden judicial, la interceptación de comunicaciones y la creación de zonas especiales bajo autoridad militar, en el marco del "estado de conmoción" colombiano, según informó la Presidencia de la República.

Según un comunicado emitido poco antes de la medianoche de ayer (hora española) por el Ejecutivo de Álvaro Uribe, el Gobierno colombiano pretende con esta medida "agilizar los procedimientos establecidos para la captura de personas, sobre quienes existan serios indicios de haber cometido delitos o estar a punto de cometerlos; así como la interceptación de comunicaciones, el registro de domicilios, naves y aeronaves".

El llamado Decreto 2002 está expedido al amparo del "estado de Conmoción Interior" que es una especie de estado de sitio -figura que fue abolida por la Constitución de 1991-, que rige desde el pasado 11 de agosto. El texto dicta medidas para el control del orden público, ordena a la Fiscalía y a la Procuraduría designar para cada unidad militar un fiscal, un procurador y una unidad de investigación que acompañe las operaciones militares.

Grabaciones

El documento faculta asimismo a las autoridades para "disponer, previa autorización judicial, la interceptación o registro de comunicaciones para obtener pruebas judiciales o prevenir la comisión de delitos". Esta autorización permite a las autoridades "interceptar, registrar o grabar a través de cualquier medio tecnológico todo tipo de comunicaciones". En este sentido, le impone a los ciudadanos extranjeros la obligación de comparecer ante las autoridades colombianas cuando éstas lo soliciten. El extranjero que no cumpla esta norma podrá ser expulsado del país, señala el decreto.

El presidente de la República podrá crear "Zonas Especiales de Rehabilitación y Consolidación". Estas zonas , según el decreto, son las "áreas geográficas afectadas por acciones de grupos criminales" en las cuales el Gobierno podrá aplicar medidas excepcionales para garantizar la protección de la población civil y la estabilidad institucional. Estos territorios serán delimitados por el presidente, quien además designará a un comandante militar para que asuma el mando de la Fuerza Pública en esas áreas. En esas zonas se podrán reglamentar los derechos de movilización y residencia mediante medidas como el toque de queda, permisos especiales para el libre tránsito, circulación o permanencia. El Gobernador podrá exigir a personas determinadas comunicar con dos días de antelación todo desplazamiento fuera de la zona. El comandante militar también podrá detener durante 24 horas a quienes no porten documento de identificación, suspender salvoconductos y ordenar la revisión de toda carga transportada por vía terrestre, fluvial, marítima o aérea.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de septiembre de 2002