El PP elimina el 'peaje' fiscal para fondos de inversión extranjeros

El PP ha planteado en el Congreso una enmienda al proyecto de ley del IRPF que libera a los socios de instituciones de inversión colectiva extranjeras que operan en España del peaje fiscal cuando movilicen su ahorro. El requisito es que la sociedad tenga al menos 5.000 partícipes, ya que se quiere excluir a las que se dedican únicamente a gestionar patrimonios individuales.

La supresión del pago del impuesto por la plusvalía generada (el 15% el año próximo) estaba en principio prevista únicamente para fondos de inversión nacionales. Las presiones de los grandes bancos internacionales de inversiones que operan en España han llevado a que se extendiera la exención a las sociedades gestionadas por estos grupos (sicav), aunque con el requisito de los 5.000 partícipes.

El PP también ha decidido mejorar el tratamiento de la vivienda en alquiler con un aumento del 15% al 40% (como estaba previsto pero sólo para las viviendas desocupadas) en la deducción que se puede aplicar el propietario sobre la renta percibida. Otra enmienda establece que las deducciones para hijos menores de tres años se aplicarán a los que sean adoptados, durante dos años y con independencia de la edad.

El límite de ingresos para poder descontar el mínimo personal por hijos de hasta 25 años de edad se fija en 8.000 euros anuales, frente a los 6.010 actuales, según otra de las enmiendas del PP. Estas propuestas deberán ser aún votadas por el Congreso y el Senado para su entrada en vigor en enero del año que viene (declaración a mediados de 2004).

El PSOE, por su parte, pretende con sus enmiendas que tanto la tarifa como las deducciones tengan en cuenta la inflación. Frente al 15% con que el proyecto del Gobierno gravará las plusvalías el año próximo, los socialistas pretenden que las generadas en más de dos años tributen al tipo medio. Además, se propone una reducción general de 1.500 euros para las plusvalías y la posibilidad de actualizar el valor de los bienes. La deducción por alquiler de vivienda beneficiaría al arrendatario y no al arrendador, como propone el PP.