Las empresas tendrán que valorar a precio real su activo financiero

En apenas dos años, las empresas españolas se enfrentan a un cambio radical en su contabilidad. Las nuevas normas europeas exigirán, entre otras medidas, que los grupos de sociedades reflejen en su balance el valor de sus instrumentos financieros a precio de mercado, y no a coste histórico. También deberán incluir información sobre operaciones con socios o administradores en condiciones ventajosas y sobre hechos relevantes que puedan influir en el desarrollo futuro del negocio.

Estas reformas se tendrán que aplicar en las cuentas de 2005 con carácter obligatorio para los grupos de empresas que cotizan en Bolsa, aunque se pueden extender a los que no cotizan y a empresas individuales. Ésta es la propuesta que plantea la comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Economía, que ayer presentó un voluminoso libro blanco con 105 medidas.

Los objetivos son dar una imagen más real de las empresas, hacerla comparable con la del resto de Europa y aumentar la transparencia. Aunque la nueva contabilidad europea ya estaba en marcha antes de los recientes escándalos financieros (Enron, Xerox, WorldCom o Vivendi), la crisis de confianza entre los inversores la ha hecho más necesaria.

Las nuevas normas sólo serán obligatorias en el ámbito europeo, porque Estados Unidos va por delante y por libre. Pero, según los expertos consultados, un caso como el de Telefónica -presentó pérdidas de 7.182 millones en 2001 a las autoridades bursátiles de EE UU frente a unos beneficios de 2.107 millones en España- no se daría con las nuevas normas europeas.

La comisión de expertos, dirigida por el catedrático José Antonio Gonzalo, propone que las empresas adopten el criterio de 'valor razonable' en la contabilidad de sus instrumentos financieros (cartera de negociación, cartera disponible para la venta e instrumentos derivados fundamentalmente). En la actualidad, el criterio es el valor histórico y ahora se sugiere que sea el valor de mercado. El cambio afectaría sobre todo a las cuentas de resultados de los grandes bancos.

Otra propuesta consiste en proporcionar información sobre las denominadas 'operaciones vinculadas'. Se trata de las realizadas por la empresa con sus socios o administradores en condiciones de privilegio. Por ejemplo, la venta de un edificio o la compra de determinado material por debajo del precio de mercado. Otra información relevante a incluir es la que pudiera afectar a la marcha del negocio. Por ejemplo, las licencias de UMTS para las telefónicas o la pérdida de un cliente importante.

Fraudes públicos

En la comisión de expertos han participado representantes del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de organismos ministeriales, la CEOE, Cámaras de Comercio y auditores. Todos han acordado que exista un único organismo regulador de las normas contables, pese a las reticencias del Banco de España. Estaría adscrito al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y tendría participación pública y privada, al 50%.

La competencia de supervisión se mantendría para la CNMV, el Banco de España y la dirección general de Seguros, como en la actualidad. El cambio que se propone es que la CNMV no sólo pueda sancionar los fraudes contables, sino que, además, los haga públicos en el caso de las empresas cotizadas. La CNMV española se situaría así al nivel de la SEC estadounidense.

Economía debe trasladar las directivas europeas y aprobar las normas españolas para las empresas que son de su competencia (las individuales y las no cotizadas) antes de 2004. Fuentes de este departamento señalaron ayer que la receptividad al libro blanco es alta y que se aplicará en su mayor parte, aunque no necesariamente de forma completa en 2005.