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El PSOE propone una red de miles de monitores para la atención individual a los parados

Los socialistas plantea una reforma laboral basada en planes personales para los parados

Lucía Abellán

El Partido Socialista considera que la mejor forma de luchar contra el desempleo es atender al parado de forma individual y extender las prestaciones a colectivos que ahora están desprotegidos. Con estas dos líneas maestras, el PSOE ha elaborado una alternativa a la reforma del desempleo del Gobierno que presentará mañana en el Congreso. Para gestionar con mayor eficiencia las colocaciones de los parados, los socialistas consideran necesario establecer un tutor de empleo por cada 200 parados y contratar a 16.000 nuevos funcionarios para atender las nuevas necesidades. Esta cantidad supone casi el doble de la actual plantilla del Inem (Instituto Nacional de Empleo), que asciende a 8.973 empleados.

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La propuesta, presentada ayer por los responsables socialistas de política económica, Jordi Sevilla, y de empleo, Ramón Jáuregui, pretende demostrar que el PSOE cuenta con una alternativa firme a la reforma del paro aprobada en mayo por el Gobierno popular y que motivó la huelga general del 20-J. Para ello incluirá estas medidas como enmienda a la totalidad del decretazo, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Los socialistas no han cuantificado aún el coste económico de su iniciativa, pero consideran que luchar contra 'el principal problema del país' requiere invertir en recursos.

Aparte de combatir el paro con armas distintas a las del Partido Popular, los socialistas exigen que se retiren todas las medidas del decretazo. Es decir, el desempleado podría volver a rechazar puestos de trabajo que considere inadecuados sin dejar de cobrar la prestación y sin exigencias geográficas como los 30 kilómetros de distancia que introdujo la reforma del PP. También se abriría a nuevas incorporaciones el subsidio agrario para los trabajadores de Andalucía y Extremadura y los despedidos volverían a cobrar los salarios de tramitación (correspondientes al tiempo en que la justicia tarda en fallar). Por último, los fijos discontinuos que trabajasen unos meses concretos del año cobrarían la prestación durante el periodo en que permanecen parados y los prejubilados mayores de 52 años seguirirían percibiendo la prestación sin que ésta fuera incompatible con la indemnización abonada al perder su puesto.

La alternativa socialista aborda el paro como 'una responsabilidad colectiva', frente a la propuesta del Ejecutivo, que culpa al parado de su situación, en palabras de Jordi Sevilla. Éstas son las principales medidas:

- Planes personales de inserción al parado. El Inem estará obligado a elaborar itinerarios laborales para cada desempleado mediante un compromiso que el parado suscribirá voluntariamente. Para acometer este proyecto, se establecerá un tutor por cada 200 parados, lo que arroja un total de 10.131 tutores, teniendo en cuenta que existen 2.026.200 parados en España, según datos de la Encuesta de Población Activa (la estadística del Inem los rebaja hasta 1,5 millones). Asumir estas responsabilidades implicaría un fuerte incremento del personal del Inem, que actualmente cuenta con 8.973 empleados. El PSOE considera que se necesitan 16.000 nuevos funcionarios, lo que supone sumar más del doble a los ya existentes.

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Estos planes de inserción laboral surgen como alternativa al actual compromiso de actividad, que el parado suscribe obligatoriamente y por el que ha de aceptar los empleos propuestos por el Inem.

- Más prestaciones para nuevos colectivos. Los socialistas plantean que las mujeres maltratadas que hayan abandonado o perdido su empleo puedan acceder a la prestación, aun cuando no hayan cotizado lo necesario. También pretenden extender la protección a los mayores de 45 años sin cargas familiares que hayan agotado el derecho a subsidio. Ahora, sólo pueden hacerlo quienes superen esa edad y soporten cargas familiares. El PSOE no plantea, de momento, aumentar la cuantía de las prestaciones por desempleo.

- Incremento del 10% en el salario mínimo. El salario mínimo interprofesional, actualmente fijado en 442,20 euros, lleva cinco años perdiendo poder adquisitivo, porque se actualiza en función de la inflación prevista y no de la real. El PSOE calcula que para compensar lo perdido haría falta aumentarlo un 10% en 2003.

- Límites a la contratación temporal. Jordi Sevilla considera la temporalidad como una de las principales causas de precariedad laboral. Por este motivo propone una nueva regulación que limite las causas por las que un empresario puede recurrir a un contrato temporal. También se considera necesario combatir la subcontratación en cadena, una de las causas que generalmente aparecen ligadas a los altos índices de siniestralidad laboral.

- Creación de un fondo de reserva. El Inem debería recoger el superávit que arrojen sus cuentas en un fondo de reserva. Esta figura, que ya existe en la Seguridad Social, se destinaría en un 50% a financiar políticas activas de empleo. La otra mitad se utilizaría para afrontar prestaciones futuras. Además, el PSOE considera imprescindible que el Inem se financie mediante los Presupuestos Generales del Estado y no a través de las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores, como ocurre ahora.

- Bonificaciones a la contratación estable. Se propone eximir al empresario de la cotización a la Seguridad Social durante un año si contrata a una mujer en los sectores donde esté subrepresentada. También se bonificará la contratación de parados de larga duración y se fomentarán la atención y las prestaciones al millón de personas que requieren ayuda domiciliaria en España.

Jordi Sevilla y Ramón Jáuregui, durante la presentación ayer del texto alternativo del PSOE al <b></b><i>decretazo.</i>
Jordi Sevilla y Ramón Jáuregui, durante la presentación ayer del texto alternativo del PSOE al decretazo.EFE

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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