La policía libera a dos inmigrantes retenidos por la mafia que les trajo

El peligroso viaje en patera hacia la tierra prometida de Europa acabó para ellos en un sórdido secuestro urdido por la misma red que organizó su desplazamiento clandestino. Los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana, liberaron el pasado martes a dos jóvenes marroquíes, de 17 y 20 años, que permanecían secuestrados en un piso de Banyoles (Girona) desde finales de agosto, a los pocos días de llegar a España.

Después de pagar unos 1.300 euros para cruzar el Estrecho, los inmigrantes cayeron en manos de otro eslabón de la mafia que exigió un nuevo pago a sus familiares a cambio de su vida.

En el caso del secuestrado más joven, la nueva cantidad exigida era de 1.000 euros. La policía pudo detener en la operación al matrimonio marroquí formado por Mustafa O., de 29 años, y Souad A., de 22, inquilinos del piso en el que los jóvenes permanecieron secuestrados; y a Mohamed J., de 27 años, y Mohamed B., de 38, todos ellos vecinos de Banyoles. Se les acusa de detención ilegal, secuestro y un delito contra el derecho de los trabajadores.

Los indicios hallados en la vivienda apuntan a la existencia de otros posibles secuestros que no han sido denunciados por temor a que el perjudicado acabe expulsado de España debido a que se encuentra en situación irregular.

En este caso resuelto por los Mossos fue el hermano mayor del adolescente, establecido legalmente en Girona, quien informó a la policía autonómica de una llamada anónima de tintes amenazadores en la que se le exigía el pago de dinero a cambio de la vida del menor. El denunciante ignoraba que su hermano hubiera cruzado el Estrecho, por lo que reclamó hablar con él para cerciorarse de la veracidad de la amenaza. Los secuestradores les permitieron un breve contacto y entonces comprobó que sus temores tenían fundamento.

Los dos jóvenes secuestrados habían llegado a Cádiz en patera el pasado 26 de agosto. La organización clandestina les proporcionó, antes de abandonarles en la costa, un teléfono móvil desde el que recibirían instrucciones. Así ocurrió y tres días más tarde, Mustafa O., uno de los detenidos, les citó en Algeciras. Allí les recogió y les trasladó en un vehículo directamente a su casa de Banyoles. En esa vivienda permanecieron encerrados a cal y canto en una habitación. La policía asegura que les dispensaron buen trato, aunque durante los cuatro días de secuestro soportaron vigilancia y amenazas constantes para evitar que gritaran o intentaran fugarse. La vivienda, situada en los bajos de un edificio con mayoría de población inmigrante, no despertó las sospechas del vecindario.

La policía pudo desbaratar el secuestro tras el operativo desplegado en el momento de realizar el pago exigido. La entrega no llegó a consumarse pero se pudo detener, en las inmediaciones de la zona de la transacción, a tres de los secuestradores y, a través de ellos, llegar a la vivienda. La presencia de un segundo rehén sorprendió a la policía, que sólo esperaba hallar al hermano del denunciante. Hasta el momento no se ha podido confirmar si la familia del joven de 20 años recibió la llamada de los secuestradores, aunque la policía tiene fundadas sospechas de que se trata de un caso similar y que pudiera ser que no se hubiese denunciado.

La punta del iceberg

Durante el registro efectuado en las dos viviendas de los detenidos se hallaron diversos carnés de identidad marroquíes y argelinos, todos auténticos, además de fotocopias de otros documentos. Este hecho hace suponer a los investigadores que los dos secuestros desbaratados no son un caso aislado y que podrían haber existido más víctimas anónimas. Los Mossos han informado de los hechos al Cuerpo Nacional de Policía, que es el que tiene las competencias en temas de extranjería y crimen organizado. Del mismo modo, los dos jóvenes secuestrados, que no disponen de documentación, han sido puestos a disposición de este cuerpo policial.

La denuncia ante la policía de este tipo de secuestros constituye una verdadera excepción, puesto que los familiares temen que si actúan así acaben expulsados. No obstante, la colaboración de los inmigrantes cuyo testimonio permita desmantelar las redes mafiosas de este tipo de tráfico puede suponerles la regularización en España, según la Ley de Extranjería.