Las pugnas políticas en Argentina bloquean las reformas prometidas por Duhalde
El juicio político a la Corte Suprema y la eliminación de las jubilaciones de privilegio, dos de las reformas que el Gobierno de transición argentino prometió para recuperar credibilidad ante los ciudadanos y el mundo, están trabadas por maniobras políticas de los mismos partidos que respaldan al Ejecutivo del peronista Eduardo Duhalde. El último golpe de efecto se produjo ayer cuando la sesión especial de la Cámara de Diputados para debatir el dictamen acusatorio contra la Corte Suprema no se celebró por falta de quórum.
Las pugnas políticas entre los distintos poderes mantienen paralizado al Gobierno en la toma de decisiones, reclamadas por la sociedad argentina y los organismos financieros internacionales. La opinión más generalizada es que la causa de los problemas de Argentina hay que buscarla más en la política que en la economía. El secretario del Tesoro de EE UU, Paul O'Neill, dedicó el miércoles pasado palabras muy ácidas a los dirigentes argentinos, por lo que calificó de falta de seriedad en el cumplimiento de los compromisos. Los hechos no le quitan razón.
Hace ocho meses, el Congreso empezó a discutir, con el aliento del Gobierno, los graves cargos por mal desempeño de sus funciones contra los nueve integrantes del Supremo, hasta ahora intocables en sus cargos vitalicios, cuya destitución reclamaban los ciudadanos en la calle y todos los partidos políticos. El Supremo era cuestionado y desprestigiado por los fallos que dieron carpetazo a los mayores escándalos políticos y económicos no resueltos de la última década.
Duhalde se sumó a la campaña contra el más alto tribunal al calificar de chantaje el fallo de los jueces supremos que declararon inconstitucional la congelación de depósitos bancarios (corralito), en el caso del ciudadano Carlos Antonio Smith, que había exigido la restitución de sus fondos.
Juicio político
El presidente de la comisión parlamentaria de juicio político, Sergio Acevedo, dijo entonces que la Corte no actuó en beneficio de los ahorradores ni del sistema financiero, 'sino en respuesta al juicio político, para crear caos'.
El tira y afloja entre los tres poderes tuvo nuevos episodios a medida que avanzaba el debate de juicio político. Los fallos de la Corte, que declararon inconstitucionales la congelación del 13% de los salarios de los funcionarios, primero, y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (aprobadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín y que daban impunidad a los militares de la dictadura) fueron interpretados por el Ejecutivo y los peronistas como la señal más clara de que los jueces del más alto tribunal estaban dispuestos a morir matando, como en las mejores películas.
Así las cosas, y ante la sospecha de que la Corte Suprema tiene sobre la mesa nuevos fallos para presionar al Gobierno, los diputados peronistas y el presidente han dado marcha atrás y están dispuestos a impedir que prospere el juicio político. Ayer intentaron una sesión especial en la Cámara baja con el único propósito de archivar el tema. Los defensores de mantener el acoso al alto tribunal no tuvieron mejor arma que no acudir al hemiciclo. El día antes, el Senado congeló el proyecto para derogar las polémicas jubilaciones de privilegio, que benefician a 9.263 ex funcionarios (incluidos los de la dictadura) con un alto coste para el Estado.
