El Supremo ordena notificar las demandas de ilegalización

La Sala Especial del Supremo que debe estudiar la ilegalización de Batasuna, integrada por 14 de los 16 magistrados, celebró su primera reunión ayer para tomar conocimiento de las providencias en las que se ordena la notificación a Batasuna, HB y EH de las demandas del Gobierno y el ministerio fiscal, en sus sedes oficiales.

Las providencias dan cumplimiento al artículo 3 de la Ley de Partidos según el cual, la Sala Especial del Supremo procederá 'inmediatamente' al emplazamiento de los partidos afectados para que puedan comparecer ante la sala en ocho días. En caso de no ser posible la notificación de las demandas en las sedes de Batasuna clausuradas por orden del juez Baltasar Garzón, deben seguirse los pasos previstos en el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece la comunicación por entrega de una copia en una serie de domicilios alternativos, y en último término, mediante edictos.

La providencia referida a la demanda del Gobierno nombra ponente al presidente del Supremo, Francisco Hernando; la referida a la demanda del ministerio fiscal designa ponente al presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sierra Gil de la Cuesta. En las resoluciones participó también el presidente de la Sala de lo Contencioso, Ángel Rodríguez.

Fuentes del Supremo explicaron que en el caso de que ambas demandas sean admitidas a trámite, se acumularán en un único procedimiento del que será ponente el presidente del Supremo, Francisco Hernando. Tanto su designación como la de Sierra se han realizado, según esas fuentes, siguiendo el turno establecido para la sala especial por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que empieza de cero con cada apertura del año judicial, en septiembre.

El deseo del presidente

Sin embargo, otras fuentes del Supremo indicaron que nunca antes se había puesto 'a cero' el turno de la Sala Especial del artículo 61 y que tal decisión obedecía al deseo del presidente del Supremo, Francisco Hernando, de hacerse con la ponencia de la ilegalización.

Dichas fuentes explicaron que en una ocasión anterior en que el entonces presidente de la Sala de lo Militar, José Jiménez Villarejo, intentó reservarse la ponencia del recurso de revisión de la sentencia de pena de muerte de Julián Grimau, alegando la trascendencia del asunto, la Sala de Gobierno vetó tal posibilidad. La designación de Hernando, según las fuentes consultadas, puede ser susceptible de impugnación por los demandados invocando la vulneración del principio del juez predeterminado por la ley.

La sala celebrará una nueva reunión después de que Batasuna 'comparezca en debida forma' o transcurra el plazo sin que lo haya hecho, para deliberar sobre la admisión a trámite de las demandas.