74 edificios de la capital han sido demolidos parcial o totalmente sin licencia desde 1997

Al menos 74 edificios han sido demolidos en la capital, total o parcialmente, sin licencia municipal, según datos del PSOE extraídos de Gerencia de Urbanismo. Muchos de estos inmuebles están en el casco histórico y tienen protección urbanística. 'El Ayuntamiento hace dejadez absoluta a la hora de cuidar los edificios', denuncia la edil socialista Matilde Fernández. El gerente de Urbanismo, Luis Armada, responde que él ha realizado 'actuaciones disciplinarias sobre obras en edificios que no se ajustan a la licencia', aunque eso no significa que hayan sido derribados.

La demolición sin licencia, el pasado julio, del casón de Iván de Vargas, donde la leyenda afirma que san Isidro vivió y trabajó como criado, ha puesto en tela de juicio la labor del Ayuntamiento a la hora de proteger los edificios de la capital. Este edificio, que tenía la máxima protección urbanística, fue demolido sin licencia durante la rehabilitación para convertirlo en sede de la Fundación Nuevo Siglo.

Según los datos del PSOE, la casa de Iván de Vargas no ha sido el único inmueble demolido en los últimos años de forma ilegal. Desde 1997 -según información del PSOE extraída de la base de datos de Gerencia Municipal de Urbanismo-, 74 edificios de la capital, la mayoría de ellos con algún tipo de protección, han sufrido obras parciales o totales de demolición sin la correspondiente licencia municipal.

El PSOE pone como ejemplos el número 10 de la calle del Labrador o el número 8 de la calle de Sombrerería, ambos en el distrito Centro y con protección parcial por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El edificio de Labrador, que también contaba con protección arqueológica por pertenecer a la zona de las terrazas del Manzanares, era un inmueble bajo que fue demolido en 1997. Ahora, sobre esos terrenos se levanta un moderno edificio de viviendas. Además, el PSOE suma a estos 74 edificios 20 demoliciones ilegales en los poblados del Salobral y del Pozo del Huevo.

'Que hayan demolido esos edificios no significa que ya no estén, sino que en muchos casos los han vaciado por dentro y han dejado la fachada, porque es lo más bonito', denuncia la concejal socialista Matilde Fernández. 'Si, por ejemplo, un edificio del distrito Centro tiene una escalera grande y antigua, seguramente al propietario le cuesta mucho dinero rehabilitarla y prefiere demolerla', agregó la concejal.

'Actuación disciplinaria'

El gerente de Urbanismo, Luis Armada, en cambio, tiene una versión distinta sobre los datos del PSOE. 'La lista que da el PSOE sobre derribos es errónea. Se trata de actuaciones disciplinarias que no se ajustan a licencia, pero no son demoliciones. Los edificios siguen ahí. En cuanto el Ayuntamiento detecta alguna irregularidad, levanta expediente disciplinario. En algunos casos se ha concedido la licencia a posteriori y en otros se ha sancionado a la empresa', explicó ayer Armada, que añadió que, cada año, en Gerencia de Urbanismo se tramitan cerca de 15.000 expedientes disciplinarios. 'El Ayuntamiento está muy pendiente de los que cometen ilegalidades', agregó el gerente de Urbanismo. Además, según el gerente, uno de los edificios que denuncia el PSOE, el número 6 de la calle de Gil de Santivañes (en el distrito de Salamanca y con protección ambiental), tuvo 'problemas con la licencia de actividad' y en 1998 se le concedió licencia para hacer una nueva planta.

Otro de los ejemplos que pone el PSOE, el número 10 de la calle del Labrador, Armada lo explica así: 'En ese edificio se detectó en 1997 una obra que no se ajustaba a licencia y en 1998 se le concedió, por fin, la licencia de demolición y sustitución'. En cambio, para Matilde Fernández, el hecho de que se conceda la licencia a posteriori, después de haber cometido la irregularidad, no resta importancia al asunto. 'Hay una falta de prioridad política en el PP en defensa del casco histórico y de la protección de los edificios', denunció Fernández. Según la concejal, esa 'dejadez' municipal se debe a que no hay suficientes técnicos velando por la protección de las edificaciones. 'Muchos propietarios se hacen los suecos con los edificios a la hora de cuidarlos y el Ayuntamiento tiene que estar más encima', añadió la concejal.

La sanción para una empresa que ha realizado una obra sin licencia municipal es el 20% del coste total de la obra. Además, la empresa tiene que devolver el edificio a su estado anterior a las obras ilegales. En el caso de que finalmente se conceda la licencia, la sanción es menor, según explicó Armada.