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El desempleo, la precariedad y sus consecuencias para la salud

A pesar del ciclo económico favorable y de diversos retoques en las cifras, en los últimos años la desprotección social ante el desempleo siguen constituyendo problemas estructurales de una sociedad como la española en la que las políticas públicas del Estado de bienestar están aún muy poco desarrolladas. Actualmente más de dos millones de personas no tienen trabajo, con un porcentaje de desempleados que se mantiene desde hace muchos años muy por encima del de la Unión Europea. Además, entre los países europeos nuestro nivel de protección social es uno de los más reducidos. En España, dos de cada cinco desempleados inscritos en las oficinas de empleo no cuentan con ninguna prestación y, en muchos casos, cuando ésta existe, es de escasa cuantía.

Según diversas encuestas, el desempleo es uno de los principales motivos de preocupación ciudadana. No es extraño que así sea. Las profundas repercusiones personales, familiares y sociales que ocasiona no tener trabajo son bastante conocidas. Detrás del desempleo se esconde la desmoralización y el sufrimiento de miles de personas que quieren pero no pueden trabajar, la pobreza, la desesperación o la violencia que surge en muchas familias, y una enorme pérdida de recursos económicos y sociales que podrían destinarse a la producción de servicios sociales que en el Estado español son particularmente deficitarios. Pero el desempleo no sólo es algo desagradable o penoso para los individuos, una situación indeseable para las familias o un factor perjudicial para la economía y la sociedad. No tener trabajo daña también la salud de las personas.

Un gran número de investigaciones científicas han mostrado con claridad cómo la salud de los desempleados es peor que la de quienes trabajan. Las personas paradas mueren antes, enferman más, tienen más problemas psicológicos, sus estilos de vida son más perjudiciales y su calidad de vida es peor. También se sabe que la desprotección social, no tener seguro de desempleo, empeora la salud. Por ejemplo, un estudio reciente ha demostrado cómo los hombres desempleados que no tienen seguro de desempleo presentan un riesgo cinco veces mayor de padecer un peor estado de salud mental que quienes trabajan. Sin embargo, en los parados con seguro ese riesgo es tan sólo dos veces superior al de quienes trabajan. Dicho de otro modo: la protección social mitiga los efectos perjudiciales del desempleo mientras que su ausencia daña la salud.

No obstante, la sola evaluación de las consecuencias del desempleo sobre la salud subestima el impacto global de un medio laboral que en los últimos años se ha flexibilizado profundamente, haciendo emerger lo que se suele conocer como precariedad laboral. Ésta, caracterizada a través de la contratación temporal o incluso la falta de contrato, la vulnerabilidad o indefensión de los trabajadores y la desprotección social o falta de acceso a beneficios sociales ejercen una presión enorme sobre unos trabajadores y unas trabajadoras que, además de tener menos derechos, no tienen en muchos casos las condiciones personales y sociales para exigirlos. Por ello, puesto que en el nuevo medio laboral se dan un sinnúmero de situaciones laborales precarias, al analizar sus consecuencias para la salud no se puede mantener la simple dualidad entre tener o no tener trabajo.

Aunque aún estamos lejos de tener la información necesaria que permita conocer el impacto global que el desempleo y las múltiples formas de precariedad laboral ejercen sobre la salud de los trabajadores y de sus familias, el conocimiento científico actual nos permite resumir la información de que disponemos en los cinco puntos siguientes. Primero, estar desempleado daña la salud de los parados y de sus familias, y ese perjuicio se acentúa en las áreas geográficas donde el nivel de desempleo es mayor. Segundo, los efectos perjudiciales para la salud se inician desde el mismo momento en que quienes trabajan perciben la amenaza de ser despedidos. Tercero, la inseguridad en el empleo, es decir, el temor a perder el puesto de trabajo que afecta a dos tercios de la población trabajadora, actúa como un factor estresante que perjudica la salud y, muy especialmente, en la salud mental. Cuarto, tener un trabajo precario, insatisfactorio, inseguro o de baja calidad se halla asociado con una mayor exposición a varios factores de riesgo laborales y a mayores problemas de salud. Por ejemplo, quienes tienen contratos temporales (un tercio de los trabajadores) poseen entre dos y tres veces más riesgo de padecer accidentes laborales que quienes tienen un contrato estable. Y quinto, cuando los desempleados tienen seguro de desempleo su salud se incrementa, cuando éste no existe la salud empeora.

La cantidad y la calidad del trabajo que poseen los ciudadanos de un país constituye uno de los mejores medios para analizar los logros sociales y el progreso de una sociedad y, muy en especial, el de quienes están en peor situación: las clases sociales más desfavorecidas, quienes tienen un menor nivel de estudios, las ocupaciones menos cualificadas, las mujeres y los jóvenes. La situación actual de desempleo, desprotección y precariedad laboral no depende de la libre elección de unos ciudadanos que no quieren trabajar sino, sobre todo, de políticas de empleo y del Estado del bienestar inadecuadas y muy insuficientes que en gran medida aún impiden la entrada en el mercado laboral sobre todo de las mujeres. Ni la elección de esas políticas es inocente ni sus consecuencias sobre la salud son inocuas. La escasez de recursos y la ausencia de aplicación de políticas efectivas que reduzcan el desempleo, que protejan a quienes están desempleados y que mejoren la calidad de las condiciones de trabajo reduciendo la precariedad laboral es ser cómplice del deterioro de la salud y la calidad de vida de muchos ciudadanos y de que sigan aumentando las desigualdades en salud. Cuando eso ocurre, cuando las políticas de algunos dañan la salud de la mayoría, la acción social para cambiarlas se convierte en una urgencia necesaria.

Joan Benach y Marcelo Amable son profesores de Salud Laboral y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra.

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