Vizcaya prosigue la pugna con el Gobierno por los centros de tráfico

La pugna entre las diputaciones y el Gobierno vasco sobre la competencia en los centros de control del tráfico sigue adelante. La Diputación de Vizcaya ha decidido, en el último Consejo de Gobierno, dar un espaldarazo a su propio centro, ubicado en los túneles de Malmasín, al adjudicar las obras para centralizar su red de información. Estos trabajos, con un coste de 7,2 millones de euros, deberán estar concluidos en un año. Esta decisión se une a la adoptada por Álava en julio, que dio cobertura legal a su centro. Mientras, el Gobierno ha denunciado a las diputaciones.

El Departamento de Interior y las tres diputaciones mantienen el enfrentamiento desde hace un año por la gestión del trafico mediante sistemas inteligentes, como la información en tiempo real de la situación de las carreteras, cámaras de televisión, sensores para detectar el volumen de circulación o paneles de mensajes variables de información a los conductores. Cada parte quiere disponer de su propio centro de control del tráfico alegando las competencias que tiene: al Gobierno le corresponde lo concerniente al tráfico y seguridad vial, mientras que de las diputaciones dependen las carreteras, su construcción y mantenimiento.

La controversia se suscitó cuando, el verano pasado, Interior reguló su propio centro sin consultarlo con las diputaciones y el asunto llegó a la Comisión Arbitral de Euskadi, el órgano paritario que dirime los conflictos de competencias entre el Ejecutivo autónomo y las instituciones forales.

Esta comisión rechazó el recurso de las diputaciones, pero por recursos formales y, ante la persistencia del desacuerdo, el conflicto ha llegado también a los tribunales. Interior ha presentado siete recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la negativa de las diputaciones a concederle el permiso para instalar fibra óptica y cámaras de televisión en 19 tramos. De ellos 11 se localizan en Guipúzcoa (en la N-1 en Lasarte y Andoain y en la A-8), seis en Vizcaya (en la N-634 entre Galdakao y Amorebieta, la N-240 en Igorre, la BI-625 en Arrankudiaga y la A-8) y otros dos en Álava, en la N-622 en Altube y la N-124 a la altura de Zambrana.

Las diputaciones han ido presentando sus propios centros de tráfico, como en Vizcaya y Álava. La Diputación de este último territorio dotó de cobertura legal a la instalación al aprobar en julio un decreto foral en el que se delimitan sus funciones, entre las que incluye el control de la red de carreteras de Álava, la recogida de datos, la información al usuario sobre los viales o la elaboración de planes y programas de seguridad vial.

Acuerdo foral

La pasada semana el Consejo de Gobierno de la Diputación de Vizcaya dio un paso importante para impulsar su centro de control de tráfico. Se acordó la adjudicación a un consorcio de cuatro empresas la integración en el centro de Malmasín de la estaciones de aforo -las que proporcionan datos sobre el tráfico- en la A-8 entre Basauri y Leioa, así como del alumbrado público.

Este proyecto, que requerirá una inversión de 7,2 millones de euros, debe estar concluido en un año y el objetivo es centralizar en Malmasín todos los datos referidos al principal vial del área metropolitana, la A-8 a su paso por Bilbao y las localidades de su comarca.

Vizcaya presentó públicamente en febrero su centro de control de Malmasín, que se integra dentro del plan de gestión del tráfico promovido por la institución foral desde 1998. Ha invertido hasta ahora más de 23 millones de euros y el proyecto se estructura en tres fases. La primera ha establecido un sistema de 53 cámaras de televisión en la A-8 entre los túneles de Malmasín y Leioa, en la rotonda de Artaza. Además existe una red de sensores en este tramo que determina el tránsito de vehículos y la velocidad (las denominadas estaciones de aforo) y se proporciona desde hace un año una información del estado de tráfico a través de mensajes en los teléfonos móviles.

La segunda fase, pendiente de completarse, ampliaría estos sistemas inteligentes a carreteras nuevas de Vizcaya, como el corredor del Txorierri y los túneles de Artxanda (ésta ya inaugurada), mientras que la tercera fase incluye el resto de la A-8 hasta el límite con Cantabria.

El Departamento de Interior ha criticado estas decisiones de las diputaciones y les ha acusado de actuar 'en un ámbito que no les corresponde'.