Los jueces investigan desde enero el patrimonio de 35.000 personas

Los madrileños que delinquen y que ocultan sus bienes a los jueces para, por ejemplo, no resarcir a sus víctimas lo tienen ahora más difícil. Entre enero y julio de este año, los magistrados de la capital han ordenado investigar el patrimonio de 35.200 personas. Y para averiguar tales patrimonios no han tenido que efectuar excesivos trámites: ahora disponen en los juzgados de una terminal con acceso directo a los datos que manejan la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico y el Registro Mercantil sobre los bienes de todos los ciudadanos españoles.

Las víctimas de los delitos son los grandes beneficiados de esta mayor facilidad judicial para averiguar el patrimonio de los delincuentes. Y es que muchos encausados se declaran insolventes a propósito, ocultando sus bienes, para no resarcir a las víctimas: son las insolvencias ficticias. Ahora, si no pagan, el juez se conecta al ordenador, o bien ordena hacerlo a los funcionarios que trabajan en el departamento habilitado al efecto, y puede rastrear el patrimonio del encausado. Y una vez localizado, dictar contra él una orden de embargo. El siguiente paso, aunque más lento, es subastar el bien y resarcir a la víctima. El embargo lo puede dictar en cuestión de minutos, evitando con ello el otrora farragoso cruce de correspondencia entre el juzgado y, por ejemplo, Hacienda.

Nada menos que 35.200 órdenes de averiguación patrimonial han dictado los jueces de la capital en los siete primeros meses de este año. Se excluyen de estas 35.200 órdenes las que, por su lado, han efectuado entre enero y julio los jueces de lo Social (los que tramitan asuntos laborales). Estos tienen una conexión propia en la calle de Hernani, sede de los 27 juzgados de lo Social de Madrid. Algunos empresarios se declaran insolventes y cierran sus empresas dejando en la calle a los trabajadores para que sea el Estado el que abone los salarios devengados a través del Fondo de Garantía Salarial. En estos casos, la misión de los jueces es ver si tal insolvencia es o no real y si el empresario en cuestión posee otros bienes susceptibles de embargo para pagar los sueldos de sus trabajadores.

Con todo, son los juzgados de instrucción (los que investigan delitos) y los de lo penal (los que se limitan a juzgar delitos de hasta cinco años de cárcel y dictar sentencias) los que más averiguaciones patrimoniales ordenan. Su objetivo es que las sentencias se cumplan; es decir, que si un juez dictamina que un reo indemnice a su víctima, que lo haga y que no se escude en una falsa insolvencia. 'Ahora estamos consiguiendo que muchos delincuentes paguen; y si pagan, evitan que se les embargue el piso o, por ejemplo, un coche', asegura un magistrado de la plaza de Castilla.

También ordenan averiguaciones patrimoniales los juzgados de primera instancia; y entre ellos, los de familia. En los divorcios o separaciones matrimoniales, los cónyuges aducen que poseen menos bienes de los que realmente tienen para reducir el importe de la pensión a pagar. Ahora, los jueces pueden comprobar si mienten o no. No obstante, algunos ciudadanos se lo ponen difícil a los jueces, ya que ponen sus bienes a nombre de terceras personas. El uso de este servicio también permite a los jueces, incluidos los de la Audiencia Nacional, estudiar el patrimonio que posee una persona con vistas a imponerle una determinada fianza o exigirle un aval para responder del daño ocasionado.

Medidas de seguridad

No todo el mundo puede acceder al grupo de ordenadores de la plaza de Castilla conectado con Hacienda y Tráfico. Las medidas de seguriad son muy estrechas. Para abrir una investigación, los funcionarios precisan de una orden judicial expresa, en la que debe constar, aparte de la firma y el sello del juzgado, el nombre de la persona objeto de las pesquisas, su documento de identidad y lo que se quiere averiguar. Por ejemplo, si tiene imuebles o coches a su nombre, planes de pensiones, cuentas bancarias, si ha transmitido valores o el contenido de sus últimas declaraciones de la renta.

Los cuatro jueces de ejecutorias de Madrid (que se encargan en exclusiva de que las sentencias que dictan sus colegas de los juzgados penales se cumplan) también utilizan mucho este servicio, que funciona desde hace varios años en la plaza de Castilla. A ellos llegan, para su ejecución, las sentencias sobre delitos menores, los más irritantes para el ciudadano. Antes de crearse estos juzgados, las deudas impagadas de los condenados (indemnizaciones a víctimas, multas...) se cifraban en 'cientos de millones de pesetas', según fuentes jurídicas. No hay estadística al respecto, pero la cifra de deudas a víctimas se ha reducido notablemente.