El Senado convocará a presidentes autonómicos y alcaldes para elaborar la Ley de Grandes Ciudades

Los presidentes de 17 comunidades autónomas y los alcaldes de las principales capitales españolas serán llamados por el Senado que trabaja en la elaboración de la Ley de Grandes Ciudades, un marco jurídico que dotará de más competencias a las principales capitales. Se trata de una ley pensada inicialmente para las grandes ciudades que englobaría, en principio, gran parte de las competencias que otorga a Barcelona la Carta Municipal, aprobada por el Parlamento Catalán en la anterior legislatura y que está pendiente de ser sancionada en algunos de sus apartados por el Parlamento español.

El Gobierno del PP descartó conceder a Barcelona un régimen específico, y en un principio defendió crear una ley de capitalidad para Madrid y otra de grandes ciudades, en la que se diluiría la Carta Municipal de Barcelona. La reacción adversa suscitada por la propuesta de dotar a Madrid de una ley de capitalidad obligó al PP a cambiar el planteamiento.

Una comisión del Senado quedó encargada de elaborar una nueva ley de grandes ciudades cuyo contenido y alcance debe ser determinado por la Cámara. La redacción de esa ley está en fase de trabajo, aunque tanto el Gobierno central como los grupos políticos están de acuerdo en que los trabajos preparatorios concluyan en 'ocho o diez meses', según Antolín Sanz, secretario general del Grupo Popular en el Senado.

El PP ha fijado un calendario de comparecencias ante la Comisión de Entidades Locales para que aporten su visión sobre el régimen que debe regular el funcionamiento de las grandes ciudades españolas. Entre otras, está prevista la comparecencia de los presidentes de las 17 comunidades autónomas, los alcaldes de las grandes ciudades, representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y miembros del Gobierno.

También serán convocados los miembros que integraron la ponencia del Parlamento catalán que redactó la Carta Municipal de Barcelona, que ya fue aprobada en primera instancia por el Ayuntamiento de Barcelona y fue también objeto de una resolución del propio Senado instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para su promulgación completa.

La intención del Gobierno, según Sanz, es que sean las comunidades autónomas las que decidan qué poblaciones deben recibir el rango de grandes ciudades. También se fijarán las materias en las que recibirán mayores competencias.

El documento sobre el que ha comenzado a trabajar la comisión del Senado, prevé transferencias a las grandes ciudades en materia de seguridad ciudadana -se otorgará al Ayuntamiento la coordinación de las Fuerzas de Seguridad del Estado-, Educación, Servicios Sociales y Sanidad. Algunas de estas materias son gestionadas ahora por las comunidades autónomas, que deberán traspasar tanto las competencias como los presupuestos.

El aumento de competencias en materia de seguridad permitirá a los alcaldes de Madrid y Barcelona coordinar los efectivos policiales y dotar a la Guardia Urbana del estatus de policía judicial.