Un saco de leyes

Las Cortes Valencianas afrontarán en septiembre el último tramo de la quinta legislatura, que concluye en la primavera del próximo año, con la agenda cargada de proyectos de ley. Los diputados tendrán que trabajar a toda prisa para aprobar y quitarse de encima las seis leyes que ya se encuentran en tramitación, a las que se sumarán las ocho anunciadas por el presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, en su discurso de investidura. Un objetivo que se vislumbra difícil, porque los parlamentarios sólo dispondrán de poco más de un mes -cuatro plenos como máximo- antes de que el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat entre en las Cortes y absorba toda su atención y todo su tiempo. Después llegará Navidad y un nuevo periodo de vacaciones parlamentarias y en febrero se iniciará el último periodo de sesiones, necesariamente corto, no sólo porque las Cortes quedarán disueltas en abril, ya que las elecciones autonómicas se celebrarán a finales de mayo, sino porque entre medias se producirán los tradicionales parones con motivo de las fiestas de Fallas de Valencia y de la Magdalena de Castellón.

La lista de preguntas y comparecencias que aguardan turno es interminable

Un total de seis proyectos de ley se encuentran ya en tramitación en las Cortes y con sus respectivos plazos de presentación de enmiendas ya en marcha: se trata de los textos legales que regularán sobre contaminación acústica, ordenación sanitaria, derechos del paciente, columbicultura, publicidad institucional y sobre emergencias. Sólo con estos seis proyectos, las Cortes tendrían trabajo para varios meses, y eso sin contar con otra clase de iniciativas parlamentarias, que se cuentan por miles y que en su mayor parte llevan mucho retraso. Pero a esos seis proyectos se sumarán los que anunció Olivas. El presidente aseguró que en breve se presentaría el largamente esperado proyecto de Ley de Ordenación del Territorio. También anunció la próxima remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Salud Pública, de otro referido a la ordenación y modernización de las estructuras agrarias, una ley orgánica de la formación profesional y las cualificaciones y una sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Además, el titular del Consell prometió un proyecto de reforma de la Ley de Función Pública, otro para modificar la Ley de la Sindicatura de Comptes y una última iniciativa legislativa para regular el Pacto Local.

'Haría falta otra legislatura completa para aprobar todas estas leyes', afirma Andrés Perelló, portavoz adjunto del Grupo Socialista-Progressistes de las Cortes Valencianas. El calendario no va a permitir que lleguen a debatirse todos estos proyectos, asegura Perelló, quien afirma que en la recta final de la legislatura muchas leyes se presentan 'para no ser discutidas', porque, en su opinión, forman ya parte de la campaña electoral, en este caso, del Partido Popular, que es quien gobierna en la actualidad.

Y todo eso sin contar las miles de iniciativas que se encuentran pendientes en las Cortes. La lista de preguntas, mociones, proposiciones no de ley, solicitudes de comparecencia de miembros del Consell e interpelaciones a los mismos que aguardan turno es interminable. Muchas de ellas han sido deliberadamente aplazadas por el Grupo Popular, que sustenta al Consell, según han denunciado de forma reiterada los grupos de la oposición, de forma que cuando les llegue el turno habrán perdido toda su vigencia y actualidad. Es el caso de una iniciativa del PP para mostrar el apoyo de las Cortes al ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por su elección como vicepresidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea. O de otra que reclama una solución justa para Afganistán. Dos ejemplos que muestran el alejamiento de las Cortes de la realidad de la calle y de la actualidad que también ha denunciado la oposición. No obstante, hay ocasiones en que el retraso se vuelve en contra de quien lo promueve: los socialistas pidieron hace unos meses la comparecencia del entonces vicepresidente del Consell, José Luis Olivas, para que explicara tanto el control de la cooperación mantenida por la Generalitat con Nicaragua como el nivel de relaciones políticas mantenidas con ese país en tiempos de la presidencia de Arnoldo Alemán. Y los populares utilizaron todas las triquiñuelas para evitarla de manera que perdiera actualidad. Pero no contaban con la justicia nicaragüense: la Procuraduría General de la República (Fiscalía) ha acusado este mes de agosto al ex mandatario y actual presidente del Parlamento, Arnoldo Alemán, a su esposa María Fernanda Flores, a su hija María Dolores, a su hermana Amelia, y su hermano Alvaro, por los delitos de blanqueo de dinero y posesión de activos provenientes de actividades ilícitas. 'La dinámica pastosa del Parlamento, así como el poco interés del PP en sustanciar esta comparecencia han provocado que se demore', la comparecencia pedida por el PSPV, recordó Perelló. 'Ahora que ya no se trata de una presunción de los socialistas, sino que la Fiscalía le ha acusado de desviar 40 millones de dólares a cuentas en Panamá, urge que se adelante la comparecencia clarificadora del Gobierno', añadió. El Consell, insistió el diputado socialista, 'debe explicar qué nivel de relaciones se mantuvo con esas peligrosas amistades y si piensa o no investigar qué destino ha corrido el dinero que se entregó para cooperación, así como sobre otras relaciones políticas'.