La podredumbre de la gestión empresarial estadounidense
En Wall Street, el precio de las acciones cae de forma inexorable semana a semana. En parte es natural, después de nuestra loca burbuja de las altas tecnologías entre 1995 y 2000. Según dicen las ciencias económicas, las burbujas ascendentes suelen venir seguidas de burbujas descendentes.
No obstante, parte de esta debilidad financiera se debe a las revelaciones de escandalosas apropiaciones de beneficios por parte de los altos cargos de las empresas a costa de los pequeños accionistas, los nuevos compradores de títulos y los empleados, que están perdiendo tanto sus trabajos como el valor de sus futuras pensiones de jubilación. A esto hay que añadir que al Gobierno estadounidense se le estafa a menudo en la declaración de impuestos, por lo que resulta comprensible que la eficacia y la reputación de la propia economía de mercado se debilite cada vez más.
En 2002, los directores generales ganan 400 veces más que el sueldo del empleado medio
La mayoría de las personas inteligentes no entienden qué ha pasado. Hace 25 meses, el sistema estadounidense de economía mixta de mercado parecía ser la envidia de todo el mundo. ¿Era todo un sueño? ¿Era tan sólo una gran mentira?
¿Es que los muy respetados contables se han vuelto estúpidos de la noche a la mañana? ¿Acaso perdieron su ética básica el día que empezó el nuevo milenio?
¿Dónde estaban los legisladores, los fiscales y los jueces implantados durante el New Deal de Roosevelt en los años treinta para regular permanentemente el comportamiento justo y competitivo de las instituciones financieras y empresariales?
Resulta ingenuo declarar, como hacen el presidente George W. Bush y el vicepresidente Richard Cheney, grandes partidarios de las empresas, que lo que hay que hacer ahora es buscar las pocas manzanas podridas del cesto empresarial y enviarlas a la cárcel a cumplir largas condenas. Antes de su ascenso a la Casa Blanca, tanto Bush como Cheney se hicieron ricos tras hacer, a menor escala, exactamente lo mismo que hicieron en secreto tramposas empresas gigantescas como Enron, WorldCom y Adelphia. Y para decir toda la verdad, el respetado gigante General Electric se ganó su envidiable reputación gracias al astuto maquillaje de los informes de ganancias y a la oportuna contabilidad sobre la fusión por parte del director general Jack Welch.
Las ciencias económicas entienden las raíces del problema. Varios premios Nobel recibieron este galardón por sus análisis de los aspectos de la información asimétrica en las transacciones económicas y de los conflictos de interés resultantes (entre ellos podríamos mencionar a George Stigler y Ronald Coase, de la Universidad de Chicago; William Vickrey y Joseph Stiglitz, de Columbia; John Hicks y James Mirrlees, de Oxford y Cambridge, y Kenneth Arrow, de Stanford y Harvard).
En primer lugar, Bush y Cheney han de darse cuenta de que para realizar estos actos antisociales no era necesario infringir la ley escrita. Probablemente el Bush y el Cheney de 2002 no podrían, desde el cargo que ocupan, enviar a la cárcel al Bush y al Cheney de 1986 o 1998 por sus anteriores enriquecimientos antisociales. Lo que sucede es que con la tendencia posReagan y posMargaret Thatcher orientada hacia la derecha y hacia la presión por parte de los intereses financieros, las normas y las regulaciones anteriores se suavizaron de facto.
Arthur Levitt, el competente director de la SEC del presidente Bill Clinton, luchó por acabar con el amiguismo dentro de las cinco grandes empresas contables, sistema por el cual la división de consultoría (que, como en el caso del flagrante grupo Andersen, recibió de Enron 10 veces más que los honorarios más elevados) lograba convencer a la división de auditoría encargada de examinar los informes contables de que fuera más suave.
Por el contrario, en 2001 el nuevo presidente Bush nombró director de la SEC a Harvey Pitt, que trabajó como abogado de las cinco grandes. Lo primero que hizo Pitt fue prometer una 'SEC más amable', no más dura.
La contratación en Bolsa mediante información privilegiada es, desde hace mucho tiempo, algo inaceptable para la legislación estadounidense. A Ivan Boesky se lo llevaron esposado a la cárcel por hacerlo. En la era Bush, la encargada de manicura o el compañero de golf de un director general podría hacerse rico de la noche a la mañana.
Cualquier estudiante de segundo de empresariales sabe que las opciones sobre acciones de los ejecutivos deberían otorgarse siguiendo unos principios económicos. Cuando Jack Welch recibió 10 millones de dólares en opciones de General Electric -tal y como establecen las objetivas fórmulas matemáticas de Black-Scholes-, esta cantidad debería tributar una sola vez basándose en estos elementos salariales y la empresa debería pagar estos impuestos de una sola vez. Es algo que todos los contables de la gran ciudad aprenden al empezar su formación.
¿Pero es esto lo que se hace? No. ¿Se convertirá pronto en una ley en vigor? Probablemente, no. El grupo que presiona en su contra es fuerte. ¿Importa? Sí, ya que el pueblo llano nunca ha comprendido la realidad; las opciones sobre acciones son la principal razón por la que en 2002 los directores generales ganan 400 veces más que el sueldo medio de un empleado, mientras que en los años ochenta era 40 veces superior.
¿Y quién paga todo este dinero ganado sin esfuerzos? Los accionistas no se dan cuenta de la enorme reducción opaca del valor de sus acciones de Microsoft, General Electric o WorldCom que se está produciendo.
Los economistas de la escuela de Chicago indicarán que las costosas opciones sobre acciones a veces pueden resultar válidas si sirven para motivar a los directores generales para que presten atención a los intereses de los accionistas. De acuerdo. Pero lo que los recientes escándalos enseñan al estadístico es que, en realidad, las opciones sobre acciones han servido para tentar a los directores generales para que hagan aquello que, a la larga, lleva a la empresa a la bancarrota en vez de convertirla en un negocio más eficaz que dé trabajo a más gente. Ésta es la forma de sacarle partido al juego de las opciones sobre acciones: creas falsos beneficios y luego las vendes a quien suspira por tus propios millones, mientras los empleados y los acreedores encajan el golpe.
El Congreso y el presidente han de convertir en ley la adecuada contabilidad de las opciones, prohibir la falta de transparencia de las deudas en los balances y de los beneficios ficticios e imponer sanciones civiles y penales rápidas y claras para aquellos ejecutivos, contables, corredores de Bolsa, banqueros y abogados que utilicen la ley a su antojo mediante tretas abusivas y que se aprovechen de los conflictos de intereses.
Arreglar el sistema dañado no será fácil, pero se puede mejorar enormemente. Con la Plutocracia Dorada de hoy en día, ¿conseguirá hacerlo nuestra democracia?
© 2002, Los Angeles Times Syndicate International.
