En busca de la confianza perdida
El Gobierno de EE UU intenta tranquilizar a los pequeños inversores para evitar que el dinero huya de los mercados
El americano medio llevaba años quejándose de que las remuneraciones de los altos ejecutivos empresariales eran 'obscenas', pero no dejó por ello de invertir en Wall Street asumiendo que era el precio que había que pagar para engrasar el motor del capitalismo. Los recientes escándalos financieros han demostrado que sus sospechas eran acertadas; que lo que engrasan las stock options y otras gratificaciones es la codicia. Ahora que han perdido el dinero y la confianza en las juntas directivas, los accionistas se preguntan si lo que falla es el propio sistema: ¿pueden ser irreconciliables la ética y el capitalismo?
El secretario del Tesoro, Paul O'Neill, afirma que 'la decencia en los negocios es el nuevo patriotismo de América'
Las propuestas de mayor control, realizadas en época electoral, despiertan el escepticismo de no pocos inversores
Los presidentes de las 25 mayores empresas en suspensión de pagos han recibido unas liquidaciones de 3.000 millones de dólares
Nadie en Estados Unidos quiere ni siquiera pensar que sean irreconciliables la ética y el capitalismo. Pero nadie está tampoco tan ciego como para no darse cuenta de que la divergencia entre ambos conceptos ha aumentado en las últimas dos décadas, como si se hubieran esfumado los mecanismos de corrección tras el crash de 1929. El fantasma de aquella crisis, provocada también por la corrupción corporativa, planea sobre la actual y la ahonda.
Barton Briggs, un estratega de Morgan Stanley, comparaba hace poco a Wall Street con un casino, laméntándose de que la integridad de los mercados, que había sido un 'artículo de fe', ya no lo sea. Y el fundador de Vanguard, John Bogle, dice que invertir se ha convertido precisamente en eso, en un acto de fe. Y la honestidad en el bien más escaso y más buscado.
Los falseamientos contables, las manipulaciones de los analistas, el encubrimiento de los auditores, el uso de información privilegiada y otros engaños han llevado incluso al secretario del Tesoro, Paul O'Neill, a hacer un dramático llamamiento aunando, simbólicamente, las dos guerras que libra Estados Unidos estos días en los mercados de capital y contra el terrorismo: 'La decencia en los negocios es el nuevo patriotismo de América'.
Contabilidad jurada
O'Neill hacía esas declaraciones el 14 de agosto, día en que los presidentes ejecutivos y directores financieros de las 691 corporaciones que facturan más de 1.200 millones de dólares debían jurar que sus estados financieros se ajustan a la realidad (menos de una docena admitieron errores de contabilidad, entre ellas AOL, que dijo haber anotado 49 millones de más en las ganancias). Las otras más de 16.000 empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York o en el mercado electrónico Nasdaq, incluidas las extranjeras, deberán hacerlo antes del otoño. Las sociedades españolas que cotizan allí, como BBVA, SCH, Endesa Terra o Telefónica, se verán afectadas por las nuevas normas.
La certificación es una de las regulaciones con las que el Gobierno intenta restablecer la confianza, y en parte ha tenido éxito esta semana en que Wall Street ha experimentado una ligera recuperación. Por otra parte, las imágenes en la televisión de ejecutivos de WorldCom y Adelphia esposados han dado credibilidad a la promesa del presidente George W. Bush de 'meter en la cárcel a los corruptos'. Otra imagen similar a la del ex empleado de Enron, Michael Kopper, al declararse culpable de manipulaciones contables.
Pero el hecho de que sean propuestas en época electoral han despertado escepticismo. Les Greenberg, jefe del Comité de Accionistas Preocupados, es uno de los que cree que son cosméticas: 'Es un esfuerzo del Gobierno y las empresas para aparentar que hacen algo para mejorar la situación, pero cuando pase un poco de tiempo se volverá a lo mismo, a menos que de verdad se haga una reforma a fondo'.
Si hay algo en lo que todos los protagonistas de esta saga estén de acuerdo es en que el enriquecimiento a costa del capital ajeno es un problema cíclico. Los ejemplos de la evolución de la ética corporativa (o falta de) son abundantes. Hace 15 años el famoso presidente ejecutivo de Chrysler, Lee Iacocca, ganó 20 millones de dólares después de darle jugosos beneficios a los accionistas; en el último año, sin embargo, los presidentes ejecutivos de las 25 mayores empresas en suspensión de pagos han recibido unas liquidaciones de 3.300 millones de dólares, a pesar de haberlas llevado a la bancarrota y dejar a más de 100.000 personas en la calle. Ni las astronómicas remuneraciones eran proporcionales a los resultados de su gestión ni se habían asentado como gastos, algo que se ha convertido en una práctica habitual cuando las ganancias se derivan de la ejecución de las stock options, las controvertidas opciones sobre acciones. La contabilidad ficticia -aunque no ilegal- que esa moda ha creado es ahora uno de los tres ejes de la reforma de la gobernabilidad corporativa. Los otros son la certificación de los estados financieros y la independización de los consejos de administración. Los consejeros se habían convertido en un coro del presidente ejecutivo que les nombra, en vez de cuestionar las cuentas que les presenta.
El amiguismo es el eslabón principal de la cadena de conflictos de intereses que ha pervertido el sistema de check and balances (medidas de control), que en teoría son la espina dorsal de la capitalización bursatil.
Han caído las murallas de separación entre los auditores que auditan y a la vez tienen a la empresa como cliente, y la de los analistas que analizaban a una empresa que es también su cliente y participaban además en inversiones de los bancos de negocios.
El 'sheriff' de Wall Street
La solución de Harvey Pitt, director de la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo supervisor del mercado, es que los analistas declaren por escrito que su salario no está vinculado a la recomendación que hagan de las acciones de una determinada compañía. La receta de Pitt es considerada insuficiente porque la ya existente es similar y no ha servido de nada.
La SEC, convertida en sheriff de Wall Street, no tiene los medios para investigar a un mercado que mueve 12 billones de dólares. Tiene sólo 100 abogados para revisar los documentos de las 17.000 empresas financiadas con dinero de los inversores bursátiles. Cuenta aún con menos 'auditores forenses' y, por si eso fuera poco, están desertando diariamente decenas de sus especialistas al sector privado.
La situación es tan patética que el año pasado sólo pudieron revisar uno de cada 15 informes anuales de las corporaciones. Aunque el Congreso está estudiando aumentar el presupuesto de la SEC de 438 a 600 millones de dólares al año, seguiría siendo insuficiente, según los expertos, para la tarea mastodóntica que le piden los políticos. Esa labor incluiría convertirse en una especie de organismo regulador de alcance global, ya que tiene que inspeccionar las empresas extranjeras que cotizan en Wall Street.
Además de las regulaciones impuestas por el ejecutivo, la SEC es la encargada de hacer cumplir la 'ley Sabarnes-Oxley', aprobada el mes pasado. La nueva normativa prohíbe a las empresas dar préstamos subsidiados a los ejecutivos y requiere además que reembolsen las ganancias derivadas de conductas fraudulentas. Crea también una junta para supervisar a los auditores, pero no obliga, sin embargo, a que las firmas roten a sus auditores.
Por su parte, la Bolsa de Nueva York ha emitido su propia lista de requisitos, entre ellos el que los accionistas tengan una mayor participación en las decisiones, votando, por ejemplo, sobre si se les deben remunerar o no a los ejecutivos con stock options. Al menos una veintena de corporaciones, lideradas por General Electric, Coca Cola y Amazon, han anunciado que van a contabilizar las opciones sobre acciones como gasto para reflejar mejor la verdadera situación financiera.
A favor está incluso el inventor moderno de las stock opcions, Graef Crystal, que hizo multimillonarios al ex presidente de Coca Cola, Roberto Goizueta, y al de Disney, Michael Eisner. La idea original de Crystal en la década de los ochenta era que las stock options 'alineaban' el interés de los ejecutivos con el de los accionistas, pero la realidad le ha hecho desdecirse: cuando las acciones se desploman, los inversores pierden su capital mientras que los ejecutivos simplemente no hacen efectivas sus opciones sobre acciones.
Microsoft es una de las que está en contra, al igual que se oponen la mayoría de las del sector tecnológico. Si en su última declaración trimestral de ganancias Microsoft hubiera incluido las stock options, sus ingresos netos hubieran sido de 903 millones, en vez de los 1.530 millones que declaró.
La propuesta de reflejar las opciones sobre acciones ha generado bastante resistencia entre los presidentes ejecutivos de las principales empresas. Después de todo, esas remuneraciones han sido su pasaje a la fortuna y la fama. Que le pregunten si no a Larry Ellison, presidente de Oracle, que el año pasado ganó 706 millones de dólares, ni un centavo de los cuales eran de salario, todo eran stock options.
Los directivos empresariales concitan la indignación de los accionistas
Los accionistas no sólo están indignados con los directivos que se han enriquecido mientras quebraban las empresas; quieren que, además de meterles en la cárcel, devuelvan lo que se han metido en los bolsillos. Como está claro que de las empresas en suspensión de pagos no van a recuperar nada, muchos inversores están acudiendo a los tribunales con la esperanza de que los jueces distribuyan salomónicamente las riquezas amasadas. Van a la caza de los campos privados de golf, los yates, las mansiones multimillonarias y, por supuesto, las suculentas cuentas bancarias. Por ejemplo, Dennis Kozlowski, ex presidente ejecutivo de Tyco, recibió más de cien millones de dólares en préstamos sin interés de la empresa, 32 de los cuales a escondidas de los accionistas. Scott Sullivan, ex director de finanzas de WorldCom (acusado de inflar las ganancias de la empresa en miles de millones de dólares), se está construyendo una mansión en Boca Raton (Florida) valorada en más de cincuenta millones de dólares. El fundador y ex presidente de Global Crossing, Gary Winnick, se hizo un palacio de 65 millones de dólares en Los Ángeles. Poco antes de declarar quiebra, Winnick hizo efectivas sus stock options y se embolsó 700 millones de dólares. Y John Rigas, fundador de Adelphia Communications, y sus hijos, supuestamente, saquearon la empresa de televisión por cable llevándose cientos de millones de dólares antes de declarar bancarrota en junio. Con ese dinero compraron decenas de apartamentos de lujo en Manhattan y se construyeron un enorme campo de golf.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Capitalismo
- Declaraciones prensa
- Gestión empresarial
- Paul O’Neill
- Retribución variable
- George W. Bush
- Auditoría
- Estados Unidos
- Accionariado
- Falsificaciones
- Delitos económicos
- Salarios
- Ideologías
- Gente
- Bolsa
- Elecciones
- Condiciones trabajo
- Delitos
- Empresas
- Mercados financieros
- Economía
- Política
- Trabajo
- Finanzas
- Justicia
- Sociedad