La apertura del mercado eléctrico en enero obligará a cambiar millones de contadores

La apertura total del mercado eléctrico a partir del 1 de enero de 2003, cuando todos los usuarios puedan elegir suministrador, obligará a revisar y a cambiar buena parte de los 23 millones de contadores eléctricos que miden el consumo. La razón es sencilla: gran parte de ellos no son fiables. El 81% de los equipos (19 millones) son alquilados, y 7,4 millones (el 39%) tienen más de 15 años, pero nunca han sido revisados. Además, de 3,1 millones (el 16,4%), la antigüedad no la conocen ni las empresas. El alquiler de contadores reporta a las compañías unos ingresos anuales de 140 millones de euros.

A cuatro meses de que, teóricamente, la apertura del mercado permita a los usuarios elegir suministrador, el asunto de los contadores de consumo domésticos no está cerrado, aunque en mayo el Ministerio de Fomento aprobó una orden ministerial que establece en 30 años como máximo la vida útil de los aparatos, en un margen máximo del 3%, arriba o abajo, el error de medición permitido, y en cinco años la validez de las revisiones.

No obstante, las normas básicas por las que aún se rigen las empresas respecto a los contadores (precios de venta, alquileres) datan de los años ochenta y algunas de ellas han sido derogadas sin adoptar una nueva regulación.

No es extraño que, por ello, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) solicitara ya hace un año al Gobierno la adopción de medidas urgentes tras reconocer que, 'en general, desde el año 1987 puede afirmarse que existe una regulación inadecuada por falta de metodología en cuanto a cómo deben evolucionar los precios máximos de alquiler mensual'.

Desde 1997 y hasta mayo, sólo estaba regulada la verificación de las instalaciones de los grandes consumidores, no de los usuarios domésticos. Así las cosas, Economía deberá tomar nuevas medidas sobre los contadores de baja tensión antes de enero del próximo año 2003.

Un bonito negocio

Está en juego un bonito negocio. Las eléctricas cobran ahora por el alquiler de los equipos unos 0,61 euros mensuales (el 1,25% del precio medio del aparato). Los alquileres aportan aproximadamente 140 millones de euros al año a las empresas, cifra nada despreciable y que responde a parámetros de los ochenta con una vida media de los contadores de 30 años y tipos de interés del 15%, por entonces razonables, dada la inflación de la época.

Con parámetros económicos actuales, la tasa de alquiler mensual debería reducirse, según los especialistas de la CNE, del 1,25% mensual al 0,67%.

Está en juego mucho dinero. No sólo para las compañías eléctricas, sino para los principales fabricantes de los aparatos, queson Siemens y Schlumberger (entre ambos controlan casi el 85% del mercado), Landis & Gyr Española y Metrega.

Máquinas muy antiguas

Todos ellos esperan la nueva regulación para elaborar sus nuevas estrategias de negocio. Aunque, en principio, los consumidores domésticos no tendrán que cambiar inmediatamente de contador para elegir suministrador o decidir si contratan el mercado libre de energía o siguen pagando la tarifa que marque el Gobierno, lo cierto es que 7,4 millones de contadores (el 39%) tienen más de 15 años. Y superados los 15 años, 'la fiabilidad de la medida no queda garantizada'.

Si se añaden los 3,1 millones de contadores (el 16,4%) de los que, sencillamente, se desconoce su antigüedad y no han sido revisados nunca, se puede concluir que las empresas fabricantes de equipos de medida tienen a medio plazo un buen negocio entre manos. Más si se tiene en cuenta que, si un usuario de a pie quiere comprar y no alquilar el equipo a su compañía suministradora, algo a lo que tiene derecho, tendrá que pagar hasta un 150% más de lo que los fabricantes cobran a sus clientes tradicionales, las grandes empresas eléctricas.

Los precios de los contadores también han merecido la atención de los supervisores del mercado de la electricidad, que el pasado año indicaron al Gobierno: 'Se observa que los mecanismos de fijación de precios en el mercado de contadores pudieran ser discriminatorios para los diferentes tipos de compradores, lo cual corresponde legalmente examinar a los órganos competentes'.