El recurso de la izquierda contra el 'decretazo' se centra en el salario de tramitación

El recurso al Tribunal Constitucional contra la reforma laboral, impulsado por el PSOE y al que se han sumado IU y casi todo el Grupo Mixto, se centra en la idea de que el llamado decretazo rompe el modelo constitucional de protección al desempleado. Un detallado texto, que se presenta hoy, trata de demostrar que chocan con la Constitución varios elementos de la norma, pero sobre todo la eliminación de los salarios de tramitación y la exclusión del subsidio agrario de los nuevos trabajadores, y que se haya hecho por decreto una reforma que no responde a ninguna crisis económica

Ramón Jáuregui, diputado socialista encargado de dirigir la elaboración del recurso, sostiene que lo más grave del decretazo es una cuestión de fondo, que vulnera el principio constitucional. La Carta Magna, recuerda, obliga al Estado a proteger a los más débiles y defiende explícitamente la protección por desempleo en su artículo 41. Por eso, lo que se considera más claramente inconstitucional son las partes de la reforma que implican reducción de derechos.

Pero, sobre todo, la cuestión de fondo que plantea el recurso es la forma en que se ha llevado a cabo la reforma. Porque ni la situación económica ni las cifras de desempleo ni siquiera las cifras de gasto -el Inem tiene superávit-, dicen los recurrentes, justifican la 'urgente necesidad' que el Gobierno alegó para llevar adelante la reforma, a través de un decreto-ley y sin ningún tipo de consenso con las fuerzas sociales, hasta el punto que originó la primera huelga general contra el Gobierno del PP.

- Decreto-Ley. Es, precisamente, el primer motivo de inconstitucionalidad que figura en el recurso. Aunque Jáuregui admite que se trata más de 'algo simbólico', puesto que la reforma ha entrado ya en el Parlamento y se va a tramitar como un proyecto de ley, el recurso pretende destruir la base de la argumentación del Gobierno. La 'urgente necesidad' que alega el Ejecutivo, dice el recurso, no se ve por ninguna parte.

Y se citan diversas sentencias del Constitucional en las que se aclara que el decreto sólo se puede usar en 'coyunturas económicas problemáticas'. No es el caso actual, pero sí lo era cuando los socialistas hicieron reformas del mercado laboral con tasas de paro superiores al 20%. El Gobierno, dice el recurso, no puede calificar de urgente la necesidad de 'facilitar las oportunidades de empleo' de las que habla el decreto. Porque no es una urgencia, sino una obligación permanente del Estado establecida por la Constitución.

- Derecho a la igualdad. Hay una parte del decreto que excluye de cobrar subsidio agrario (AEPSA) a los familiares del empleador. Para evitar fraudes, se entiende. El recurso alega que varias sentencias del Constitucional han declarado contraria a la Carta Magna la exclusión de los trabajadores del ordenamiento laboral por el simple hecho del parentesco, y asegura que viola el artículo 14 de la Constitución.

- Exclusión de jóvenes agricultores. El decretazo establece la obligación de haber recibido el subsidio agrario en los últimos tres años para poder cobrarlo. Y eso 'excluye a los jóvenes trabajadores que se incorporan a ese mercado' o a cualquier persona que ha dejado el campo durante un tiempo y quiere volver. Además, se excluye a los que en los últimos años hayan sido sancionados por fraude, lo que supone retroactividad de la ley, prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución.

- Medida graciable y fijos discontinuos. Los recurrentes (PSOE, IU, BNG, IC, ERC, CHA) han renunciado a recurrir por dos motivos que, en principio, se apreciaban como inconstitucionales. La reforma, según la oposición, convierte en graciable la concesión del desempleo, puesto que tras tres ofertas adecuadas del Inem se puede suprimir. Pero lo expertos constitucionalistas consultados por el PSOE han descartado este argumento, porque 'el desempleo siempre ha sido una prestación condicionada a una serie de factores, y no está claro que quede absolutamente a discreción del Inem la decisión de conceder o no un subsidio', según Jáuregui.

La eliminación del subsidio para los trabajadores fijos discontinuos con fecha cierta, es decir, los que saben qué meses del año van a trabajar, tampoco se recurre. 'Hemos querido ajustar, porque no pretendemos hacer un gesto político más, sino ganar esta batalla jurídica contra el Gobierno', insiste el diputado socialista.

Mientras, el PP, a través de su coordinador de Comunicación, Rafael Hernando, aseguró ayer que el recurso es una 'abuso' del sistema jurídico con el que 'la oposición trata de ganar en los tribunales lo que no es capaz de ganar en el Parlamento'.