El Gobierno balear también recurre el 'decretazo' ante el Constitucional

'El Gobierno de Baleares no puede consentir que el Ejecutivo central recorte los derechos sociales de los trabajadores y, además, mediante un instrumento no adecuado'. El Consejo del Gobierno balear, que encabeza Francesc Antich, del PSOE, explicó así ayer su decisión de recurrir ante el Constitucional el denominado decretazo, el real decreto de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección del desempleo que aprobó el Gobierno de Aznar el pasado mes de mayo.

La autonomía de Baleares, gestionada por una alianza de minorías nacionalistas, ecologistas y de izquierda para la exclusión del PP, entregará antes del 24 de agosto su alegato jurídico con los argumentos de rechazo de la norma laboral que desencadenó la huelga general del 20 de junio.

Una de las motivaciones centrales que impulsa a Antich a la vía del recurso es la existencia en el archipiélago de unos 60.000 trabajadores fijos discontínuos en el sector servicios, que según UGT y CC OO quedarán perjudicados en sus prestaciones y paro. La Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura ya emprendieron con sendos recursos esta estrategia para lograr la inconstitucionalidad de la reforma.

El consejero portavoz, Antoni Garcías, se limitó ayer a relatar los puntos centrales en los que se basa el informe del departamento jurídico, que sostiene 'que se producen diversas vulneraciones de la norma constitucional en la forma y el fondo'. El texto de base del recurso ha sido remitido al Consejo Consultivo de Baleares.