La 'empresa' de la banda
El auto preparatorio de la suspensión de las actividades de Batasuna suscita numerosos interrogantes sobre el alcance y la futura viabilidad de una medida que parece superponerse al proceso de ilegalización que instará el Gobierno.
El juez Baltasar Garzón utiliza contra Batasuna la vía penal, un cauce que puede resultar mucho más ágil que el procedimiento esbozado en la ley de Partidos, que contempla un centenar de días sólo en plazos procesales predeterminados sin contar la fase de prueba. Un cauce que es también más expeditivo, por la capacidad de decisión de un avezado juez instructor frente a las cavilaciones de 16 magistrados del Tribunal Supremo, procedentes de todas sus salas y sujetos a un procedimiento por estrenar.
Pero el camino es también más inestable, por estar sometido al sistema de recursos -la medida tendrá que convalidarla, en su día, la Audiencia Nacional- y porque va a colisionar con el proceloso sistema de los aforamientos.
Garzón no podrá en principio imputar en bloque a la Mesa Nacional de Batasuna en la que hay aforados por razón de sus cargos. Tendrá que individualizar conductas y limitarse a remitir las imputaciones contra aforados al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o al Tribunal Supremo. El juez ya intentó incriminar a Arnaldo Otegi por 'actuar al servicio de ETA' en una actuación relacionada con la organización juvenil Jarrai-Haika. Remitió el caso al Tribunal Superior Vasco, con resultados más bien difusos.
¿Puede Garzón actuar contra un partido político, habiendo un procedimiento específico para ello? Está claro que, al amparo del artículo 129.1 a) y c) puede hacerlo, y lo ha hecho, con empresas del entramado como Orain-Egin, o con organizaciones como Haika o Gestoras pro Amnistía. Pero Batasuna (entonces Herri Batasuna) fue legalizada como partido en 1986.
La cuestión ya fue alegada por Batasuna cuando Garzón les reclamó 24 millones de euros por daños de la kale borroka. Como 'formación política legal' Batasuna se quejó, a efectos de recurso, de que se la equiparase 'en un mismo nivel' a 'una organización armada como ETA'.
Garzón replicó que 'para nada' se había tomado en cuenta su carácter de formación política, sino el hecho de que Batasuna, aparece en el Proyecto Udaletxe de ETA 'catalogada como una de las grandes empresas de ETA'. Según Garzón, no es que ETA y Batasuna se pudieran al mismo nivel, sino que 'todas forman un conjunto inescindible, guiado por el fin delictivo común'.
