El PSOE defiende la vía penal como complemento a la Ley de Partidos
Jáuregui dice que el PNV quiere un fin de ETA en el que no haya una derrota de la causa nacionalista y por eso se opone a la vía política y jurídica
El portavoz socialista Ramón Jáuregui, ha señalado hoy que la vía judicial abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y la vía política que se está produciendo para ilegalizar Batasuna es complementaria. En este sentido, aunque ha reconocido que el magistrado puede querer "ocupar un protagonismo especial" en este proceso, ha manifestado que si lo hace con fundamentos jurídicos, "bienvenido sea".
En declaraciones a la cadena SER, el dirigente socialista ha afirmado que había llegado el momento de que se emprendiera tanto la vía penal como el procedimiento político contra Batasuna. Para Jáuregui ahora se dan unos elementos que justifican el proceso. Así, ha explicado que después de la tregua de ETA de 1999, se puso en evidencia que es ETA la que arrastra a Batasuna y "no Batasuna la que arrastra a ETA hacia la política a diferencia de lo que pasó en Irlanda entre el IRA y el Sinn Fein, donde el partido político arrastra a la vieja organización armada hacia el convencimiento de que hay que abandonar la violencia".
"Rivalidad"
En cuanto a la coincidencia de que Garzón haya emprendido el proceso penal para ilegalizar Batasuna cuando el Gobierno había puesto en marcha la aplicación de la Ley de Partidos, Jaúregui ha afirmado que es posible que haya alguna "rivalidad" y que Garzón "quiera adelantarse al sistema político y ocupar un protagonismo especial en esta materia, pero si lo hace con fundamento, pues bienvenido sea", ha destacado.
Respecto a la oposición del PNV a la vía política y ahora también a la vía penal, Jaúregui ha afirmado que este hecho pone en evidencia que el drama de la política vasca y de la situación actual en relación con el terrorismo es que nacionalistas y no nacionalistas no se ponen de acuerdo sobre cómo queremos terminar con ETA "y eso les lleva a algunos a dudar de que ellos quieran terminar". Según ha dicho, el PNV quiere una salida en la que no haya una derrota de la causa nacionalista que está detrás de la violencia y en la que ellos sean los protagonistas.
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho hoy que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de iniciar los trámites para suspender las actividades de Batasuna es una iniciativa judicial "muy congruente" con su actuación en relación "con el complejo de ETA".
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, ha asegurado hoy que la apertura de otra vía para ilegalizar a Batasuna "reafirma que hay pruebas suficientes para considerar que Batasuna es el brazo político de ETA". Caldera ha dicho en el Congreso que ambas vías, penal y constitucional, son "perfectamente compatibles" porque, aunque son diferentes, persiguen el mismo objetivo e impedirán que este partido "cambie de camisa y se transmute en otra organización".
Azkarraga cuestiona la necesidad de la vía penal
El consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, ha cuestionado hoy si "es necesario que se utilice ahora de forma apresurada y desmedida la vía penal cuando se ha puesto en marcha recientemente la denominada Ley de Partidos" para la ilegalización de Batasuna. Azkarraga se ha referido, en un nota remitida los medios de comunicación, al inicio de los trámites para la suspensión provisional de las actividades de Batasuna decretada por el juez Garzón, "dada la integración aparente" (de esta formación política en ETA).
El consejero vasco ha considerado que la "absurda carrera iniciada por populares y socialistas, Fiscalía y Garzón para ver quién consigue antes eliminar a Batasuna no va a suponer nada positivo para la pacificación y la erradicación de la violencia y el terrorismo sino, tal vez, todo lo contrario". Se ha preguntado por las razones por las que, desde un principio, no se ha utilizado la vía penal "sin necesidad de diseñar cuestionadas leyes de partidos que, a la larga, podrán servir para arremeter contra determinadas ideas políticas democráticas que no sean del agrado del Gobierno del Estado".
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