El Gobierno navarro anuncia un nuevo decreto sobre el uso del euskera

El Gobierno de Navarra ratificó ayer la decisión de su presidente, Miguel Sanz, de elaborar un nuevo decreto foral que regule el uso del euskera en las administraciones públicas de la comunidad, tras las sentencias judiciales que anularon por irregularidades formales la regulación de 2000. El Departamento de Presidencia, que dirige el vicepresidente Rafael Gurrea y del que dependen laboralmente los más de 27.000 empleados públicos será el encargado de desarrollar la nueva normativa, que debe subsanar las carencias de procedimiento resaltadas por reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

El Gobierno de UPN, reunido ayer en sesión ordinaria, recordó que 'se trata de un asunto de política general que afecta a los derechos de los ciudadanos y excede de los meros aspectos culturales y educativos'. Aunque no aportó más datos sobre el nuevo decreto, el Ejecutivo informó de que las diferentes unidades administrativas del Gobierno de Navarra están realizando este mes 'sus aportaciones' al borrador.

Cuando el texto del nuevo decreto esté totalmente redactado y cuente con su correspondiente memoria económica, será sometido al trámite de información pública previo a su definitiva aprobación, anunció el Gobierno en un comunicado.

El pasado mes de julio, los seis magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Navarra declararon 'nulo radical y de pleno derecho' el decreto 372/2000 sobre el que UPN desarrolló una restrictiva aplicación del uso del euskera en las administraciones locales de Navarra y en los procedimientos de acceso a puestos de trabajo en la función pública. Aquella normativa sirvió, entre otras cosas, para eliminar el bilingüismo de la señalización viaria y la rotulación pública y reducir drásticamente la presencia y uso del euskera en la papelería interna de la Administración foral y ayuntamientos y en sus relaciones con los ciudadanos.

El motivo esencial de la anulación del decreto, así como el de los planes que lo desarrollaron y la normativa que redujo la puntuación de su conocimiento para el acceso a un puesto de trabajo público fue la carencia de los informes preceptivos del Consejo Navarro del Euskera y la dirección general de la Función Pública, 'imprescindibles', según las sentencias, para 'la garantía de acierto' de la normalización lingüística.

Consulta 'difícil'

Aunque tanto el presidente de Navarra, Miguel Sanz, como otros miembros del Gobierno foral, afirmaron de inmediato que impulsarían un nuevo decreto manteniendo en lo sustancial el anulado, los impulsores de los recursos judiciales que condujeron a su anulación, la asociación Euskara Kultur Elkargoa y parlamentarios, alcaldes y concejales de la oposición, recordaron que el Consejo Navarro del Euskera, creado en 1996, es inexistente desde la renuncia voluntaria de la mayoría de sus integrantes, una decisión provocada por discrepancias con la política lingüística impulsada por UPN, que vació de contenido a ese órgano consultivo.

La sentencia que anuló el decreto troncal de la reforma lingüística de UPN calificó de 'necesidad ineludible' la consulta previa al citado Consejo antes de aprobar 'planes generales' o 'proyectos normativos'. Ayer mismo, José Luis Mendoza, presidente de Euskara Kultur Elkargoa, afirmó que UPN 'lo va a tener difícil' para sacar adelante el nuevo decreto conforme a la ley. El Gobierno debe completar el Consejo del Euskera, reunirlo y conseguir el informe. Según Mendoza, UPN no podrá hacerlo antes de las elecciones de 2003. Para la entidad que consiguió anular el decreto anterior, el empeño de UPN 'es ridículo', ya que a las sentencias adversas a sus planes se une el incumplimiento, dijo Mendoza, de anteriores regulaciones. 'No entienden el euskera como algo propio de Navarra, enriquecedor, signo de pluralismo, sino como una agresión y una amenaza', afirmó el presidente de Euskara Kultur Elkargoa.

El sindicato ELA, por su parte, ha pedido al Gobierno de Navarra información sobre las convocatorias de empleo público y plantillas orgánicas aprobadas desde 2000 al amparo de la normativa ahora anulada, al objeto de conocer si los afectados pueden interponer recursos contra la valoración que la Administración foral hizo del conocimiento y presencia de la lengua vasca en esos procesos de selección de personal.