El momento de la ley

El debate de ayer en la Diputación Permanente del Congreso sobre la eventual ilegalización judicial de Batasuna resultó más interesante que muchas de las polémicas previas. Lo cual más bien avala la decisión de implicar a la Cámara en la iniciativa, aunque sea el Gobierno el que formalmente la promueva ante el Tribunal Supremo. Su rechazo a esa implicación del Parlamento fue el argumento de CiU para abstenerse en la votación, pese a manifestar su criterio de fondo a favor de la ilegalización: que un partido que favorece al terrorismo 'no puede permanecer en la legalidad'.

Su portavoz, Manel Silva, tuvo interés en desmarcarse de planteamientos equidistantes o favorables a mantener la Ley de Partidos congelada: CiU defiende el imperio de la ley y se opone a condicionar su aplicación a criterios de oportunidad. 'Es el tiempo del derecho, no de la política', dijo Silva. Pero es el Gobierno el que debe responsabilizarse de la iniciativa para no involucrar al Parlamento en un posible fracaso de la misma en el Supremo o si fuera luego desautorizada por el Constitucional o por Estrasburgo. Esa posición ya fue defendida por CiU en la tramitación de la ley, sin que su rechazo le impidiera votar a favor de la norma.

Lo importante es que la decisión corresponda a los jueces, y no tanto quién inste su intervención. En todo caso, una vez que la ley aceptó el criterio que faculta al Parlamento para instar al Gobierno a tomar la iniciativa, resulta exagerado tomar pie en esa divergencia procesal para desmarcarse del voto mayoritario. Las razones de Silva fueron muy diferentes a las del portavoz del PNV, González de Txabarri, pero es evidente que el desmarque tiene un significado político en sí mismo: el de no dejar solo al nacionalismo vasco. Es discutible que ese respaldo sea la mejor manera de apoyar a los sectores del PNV (ahora silenciados) con los que seguramente se identificaba Pujol cuando hace meses admitió que 'todos nos hemos equivocado respecto a ETA' y criticó la no ruptura inmediata del nacionalismo vasco con Lizarra tras el primer atentado, y cuando avaló la nueva Ley de Partidos.

El debate de ayer dio ocasión a socialistas y populares para responder a algunos de los tópicos del PNV sobre la cuestión: por ejemplo, el de que sus promotores presentan la ley como la panacea para acabar con ETA, el que atribuye a la iniciativa la intención de trastrocar el mapa electoral en beneficio de los no nacionalistas o el de que la norma favorece a ETA porque su mundo se fortalece en la clandestinidad.

A esto último replicó el socialista López Aguilar preguntando a Txabarri si proponía la legalización del terrorismo para que no se beneficie de esa clandestinidad. El portavoz del PP, Bermúdez de Castro, refutó la acusación de que se ilegalizaban ideas recordando que existen partidos independentistas pacíficos que nadie ha pensado prohibir, y también que quienes hoy se ven empujados a la clandestinidad son los demócratas no nacionalistas, perseguidos por defender sus ideas en público. Estuvo muy desafortunado Txabarri al acusar de utilizar un 'tono lastimero' a quienes le recordaron esas evidencias.

Felipe Alcaraz defendió la coherencia de que Izquierda Unida se abstuviera ayer pese a haber votado contra la Ley de Partidos en junio. Su argumento fue que querían aparecer como abogados de la libertad y el pluralismo, y no como defensores de Batasuna. El resultado final de la votación refleja un menor respaldo (del 95% al 90%, aproximadamente) a la iniciativa que el que tuvo hace dos meses la ley. Pero también se reduce, merced a las abstenciones de IU y del BNG, el rechazo directo, lo cual es bastante significativo del efecto del último atentado de ETA. Ayer se votaba únicamente si se convocaba o no un pleno extraordinario, pero los portavoces no esquivaron las cuestiones de fondo que deberán ser el eje del debate del lunes próximo: en resumen, si Batasuna es un partido como los demás, al que ampara el principio pluralista, o parte del entramado terrorista.