Urbanismo conocía los daños de la casa de san Isidro desde 1994

El pasado 31 de julio, la piqueta acabó con uno de los edificios históricos de la capital: la casa de Iván de Vargas, donde vivió San Isidro. El inmueble fue demolido, sin licencia, cuando se estaba rehabilitando para ser sede de la Fundación Nuevo Siglo. La casa contaba con el máximo nivel de protección urbanística. El Ayuntamiento, según denuncia IU, conocía desde 1994 que el edificio sufría un grave deterioro. El Consistorio instó hasta en 11 ocasiones a los propietarios para que lo reparase, pero las lluvias, las grietas y los okupas terminaron por estropear su estructura.

La histórica casa perteneció a los sucesores de Iván de Vargas hasta principios del siglo XX, cuando lo adquirió la familia Forns. En los años setenta, esta familia quiso legar el edificio- un caserón construido entre los siglos XVI y XVII- al pueblo de Madrid. Pero ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno regional, ni el Estado quisieron el inmueble. Así que, en 1989, los Forns vendieron el edificio a una empresa privada, Learsa S.L, que se hizo cargo del edificio.

El inmueble se quedó vacío, salvo con una excepción: una familia que vivía desde hacía 55 años en régimen de arrendamiento. Desde 1994, según consta en los informes de Gerencia de Urbanismo, los técnicos municipales estuvieron realizando informes exhaustivos sobre el deterioro que sufría el inmueble, debido sobre todo a que la empresa propietaria se negó una y otra vez a realizar los trabajos pertinentes para evitar más daños.

'El estado del edificio es de abandono y está habitado por una familia. Parte de la cubierta está hundida y entran lluvias al interior de la finca que, de no evitarse, dañarán el resto de elementos constructivos del edificio', decían ya los técnicos de Urbanismo el 15 de marzo de 1994, hace casi diez años. El informe también habla de 'humedades, de abombamiento de muros, de grietas, de pudricciones y de basuras en el sótano' en un edificio que contaba con el máximo nivel de protección según el Catálogo de Elementos Protegidos.

'La demolición de hace 20 días es el último episodio de la dejación municipal en toda la historia de la casa de Iván de Vargas. Aunque fuese un edificio privado, el Ayuntamiento tenía que haber obligado a la propietaria a repararlo', denunció ayer la portavoz de IU, Inés Sabanés. 'El PP no protege sus edificios, a pesar de tener a muchísimos departamentos que, en teoría, deberían estar coordinados para ello', añadió. Sabanés anunció que en el próximo pleno municipal del mes de septiembre su grupo exigirá la apertura de una comisión de investigación sobre el asunto. Además, Edgar Caprotti, el inquilino que residía donde hace siglos lo hacía San Isidro, denunció en repetidas ocasiones desde 1994 al Ayuntamiento las tropelías que, según él, estaba sufriendo el inmueble. Caprotti, en sus cartas a Gerencia de Urbanismo, habla de 'cerraduras forzadas, de caídas provocadas de forjados, de goteras sin reparar, de viguetas cortadas en buenas condiciones'. 'Les comunico que ha aparecido forzada una ventana del salón y roto el cristal. Me ha desaparecido una importante cantidad de dinero', denunciaba Caprotti las Navidades de 1994. Aunque Learsa S. L. acometió parte de las obras requeridas por el Ayuntamiento, éste consideró que fueron insuficientes y que, además, tenían 'deficiencias de ejecución'. Ante esta situación, el Consistorio, en 1994, declaró en situación de 'ruina inminente' una parte de la casa. Y, una vez más, instó a la propiedad a que tomase las medidas de seguridad para evitar que la parte sana del edificio se estropease. 'Instamos a detener el proceso degenerativo del edificio', decían los informes municipales de hace casi 10 años.

Lluvias y humedades

Las obras de demolición de la zona declarada en ruina inminente comenzaron en enero de 1995. Pero, una vez más, la empresa no adoptó las medidas de seguridad que debían haber protegido el resto de la edificación no afectada por la ruina. Pero volvieron las lluvias y, de nuevo, la humedad se coló entre las maderas y empeoró la degradación existente.

Por si fuera poco, el 13 de enero de 1995 se produjo un incendio en la planta baja. Cuando los bomberos entraron en el inmueble, comprobaron con sus propios ojos la ruina. Y, por si no hubiese pocos informes sobre el estado del edificio, el jefe de Bomberos escribió otro más al Ayuntamiento informándole de lo que había visto. El último inquilino, mientras, decidió dejar su particular lucha por conservar el edificio y, en febrero de 1995, rescindió su contrato de alquiler con Learsa SL. A cambio recibió como indemnización 75.000 euros. Con el inquilino y su familia fuera del edificio, Learsa tuvo el inmueble vacío y, amparándose en que el uso de la casa de Iván de Vargas era residencial, decidió construir en él viviendas.

Pero el proyecto nunca se llevó a cabo. Pasaron los años y Learsa siguió sin realizar las obras de mantenimiento que le requería Urbanismo. 'Aunque el edificio está cerrado y deshabitado no se puede continuar con el proceso de degradación del inmueble, lo que puede llegar a ocasionar derrumbes incontrolados de zonas del edificio', reza un informe municipal de 1996.

Cuando el Ayuntamiento advertía a la empresa de que, por no realizar las obras, las haría el propio Consistorio 'en ejecución sustitutoria', la propietaria contestaba que lo iban a hacer ellos mismos. Pero nunca se hicieron los trabajos y el deterioro continuó avanzando de forma incontrolada, hasta que el Ayuntamiento decidió expropiar el edificio en 1999. El Consistorio cedió mediante convenio la casa a la Fundación Nuevo Siglo en diciembre de 1999.