Interior libera en Madrid a 92 inmigrantes de Canarias y Sevilla

En tan sólo una semana de agosto -entre los días 7 y 14-, el Ministerio del Interior ha liberado en Madrid a 67 inmigrantes, que habían sido detenidos en Canarias por carecer de documentación o porque sus gobiernos no los reconocen como ciudadanos propios, según fuentes cercanas a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la capital. Además de estos 67 inmigrantes, la mayoría procedentes de países subsaharianos, es inminente la liberación de otros 25 extranjeros sin papeles de origen magrebí que se hallan en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Según fuentes judiciales, estos últimos fueron trasladados a Madrid desde Sevilla tras el desalojo, el pasado día 8, de los encerrados en la Universidad Pablo de Olavide.

La cifra de 67 inmigrantes puestos en libertad en Madrid en la semana del 7 al 14 de agosto no es un dato aislado, según las mismas fuentes. 'Raro es el día que no son liberados en la capital extranjeros trasladados desde otras partes de España. Esto ocurre especialmente desde el pasado mes de julio', señalan. 'Suponemos que los traen a Madrid porque hacen menos bulto que en una isla y para que ellos mismos se dispersen por la Península'.

Los 67 subsaharianos ya habían estado en centros de internamiento de Canarias. 46 de ellos fueron detenidos en Fuerteventura y 21 en Lanzarote.

Respecto a los 25 magrebíes trasladados desde Sevilla al CIE de Moratalaz (Madrid), serán puestos en la calle rápidamente porque, según las mismas fuentes, el plazo de internamiento está próximo a expirar y ningún país de la zona les reconoce como ciudadanos propios.

Este grupo se sumará a otros 70 de los 275 inmigrantes desalojados de la Universidad Pablo de Olavide el pasado día 8 que ya se encuentran en libertad. El resto están internados en centros de Ceuta (128), Málaga (33), Madrid (29) y Murcia (15), según informó a Europa Press el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.

De los 70 antiguos encerrados de Sevilla que están en la calle, 17 'deben salir del país obligatoriamente en 15 días'. Los 53 restantes tienen incoado expediente de expulsión, pero se hallan dentro del plazo de 40 días que establece la Ley de Extranjería para que el Ministerio del Interior intente resolver el expediente y ejecutar la resolución.

40 días de internamiento

La ley establece que el periodo de internamiento de un extranjero indocumentado en un centro de este tipo no puede exceder de 40 días. Ese plazo suele ser empleado por la policía para tratar de averiguar la identidad del detenido y preparar su expulsión a su país.

Sin embargo, si los agentes no logran averiguar el país de origen del extranjero o éste no los reconoce como ciudadano y el plazo de 40 días vence, no queda más opción legal que dejarlo en libertad.

Al dejarlo en libertad y sin documentación, este inmigrante queda en una situación de desamparo: no puede trabajar, puesto que carece de documentación y de permiso de trabajo, tal como exige la legislación española sobre temas de extranjería. El nuevo Código Penal castiga con penas de cárcel al empresario que emplee a sin papeles. 'Dejar a alguien en la calle y sin poder trabajar es condenarle a la criminalidad', opinan fuentes judiciales.

Esta paradoja es uno de los ejes en torno a los que gira la polémica sobre una hipotética relación entre inmigración y delincuencia. El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ya arremetió el pasado mes de abril, durante la presentación de la memoria de su departamento, contra quienes 'confuden' inmigración con delincuencia. El fiscal hizo estas declaraciones después de que desde el Gobierno se lanzase la idea de que el aumento de la delincuencia en España era consustancial al aumento de inmigrantes.

'Es mentira', explicó Fernández Bermejo, 'que la inmigración sea un factor delictivo; el factor es la marginación social, y es necesario integrar al inmigrante para que no caiga en el ámbito de la marginación'. Fernández Bermejo calificó de 'preocupante' la indefensión del extranjero en situación irregular, ya que 'su marginación y desarraigo le conducen al ámbito de la criminalidad, ya sea como víctima o como autor del delito'.

El Ministerio de Interior decidió a comienzos de julio el traslado de inmigrantes indocumentados desde Canarias a los centros de internamiento de la península, entre ellos el de Moratalaz (Madrid). Un portavoz de este departamento argumenta que la medida se basa en 'razones humanitarias'.

Según él, se trata de aliviar el hacinamiento que existía en Canarias: 'Ya están más desahogados', afirma. Rechaza de plano que el resultado de esta política sea 'trasladar el problema de una comunidad a otra'.