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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La finca de Mugabe

Los primeros agricultores blancos acusados por desafiar las órdenes para que abandonen sus explotaciones deben comparecer hoy ante un juez en Zimbabue. Se calcula que el 60% de los casi tres mil a los que se ha conminado para que entregasen sus tierras la semana pasada ha rechazado el ultimátum. Una ley aprobada en mayo establece cárcel para los que sigan trabajando sus propiedades 45 días después de haberles sido notificado el cese de actividad.

Zimbabue, la antigua Rodesia, fue un país de esperanza y se ha convertido en escenario de terror. Robert Mugabe, su presidente, ha hecho un largo camino de libertador a déspota. La pasión del poder absoluto posee a quien ganó crédito internacional por acabar en los años setenta con la dominación colonial blanca del país surafricano. A medida que su régimen ha sido desafiado por una creciente oposición interna, ha recurrido al falseamiento electoral, la tortura o el asesinato de sus rivales. El poder judicial virtualmente ha desaparecido, lo mismo que la libertad de prensa.

Mugabe ha explotado con astucia el irresuelto problema de la propiedad de la tierra. Su demagogia racial ha escondido la corrupción rampante del partido gobernante -ZANU- y el sistemático menosprecio de los derechos humanos. Y ha acabado recurriendo al hambre como instrumento de dominación política.

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La sequía que padece Zimbabue, unida a la persecución de los agricultores blancos, únicos que en circunstancias adversas podrían garantizar cierta eficiencia productiva, ha puesto en estado de necesidad a casi la mitad de sus 12 millones de habitantes. El Gobierno premia a sus leales con maíz barato mientras bloquea la distribución de alimentos a zonas enteras donde el jefe del Estado no fue votado en las elecciones de marzo, una farsa en la que se hizo elegir por quinta vez con la unánime condena internacional.

El dictador, de 78 años, está dispuesto a permanecer a cualquier precio. Las sanciones de la UE, incluyendo la prohibición de entrada para los jerifaltes del ZANU, son más bien simbólicas. De su entorno geográfico no cabe esperar condenas significativas; el caso de Mugabe, como el de otros dirigentes regionales, pone en evidencia los propósitos de democracia y buen gobierno de la recién creada Unión Africana. El dueño de Zimbabue no ha recurrido todavía a la expulsión violenta de los granjeros blancos, con la que ha amenazado repetidamente. Por eso son imprescindibles la renovada presión internacional y el mantenimiento del flujo informativo sobre un país que Mugabe querría cerrar a los ojos exteriores.

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