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Bono aplicará deducciones fiscales por hijos menores de tres años, ancianos y discapacitados

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere marcar diferencias con los recortes sociales de Aznar

El Gobierno de Castilla-La Mancha aplicará por primera vez en la renta de este ejercicio su capacidad normativa, después del acuerdo de financiación autonómica, con deducciones dirigidas a las familias con niños menores de tres años, ancianos y discapacitados o agricultores, entre otros colectivos. Deducciones que se aplicarán en la cuota y no en la base imponible para que el beneficio de la medida repercuta más en las rentas más bajas. El Ejecutivo que preside el socialista José Bono pretende volver a remarcar de este modo la diferencia que le separa con el recorte de las políticas sociales fijado por el Gobierno de José María Aznar.

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Desde que en el mes de octubre se celebrara el debate sobre el estado de la región, el Gobierno de Bono ha ido poniendo en marcha, una a una, las propuestas que hizo en la Cámara autonómica, entre las que se incluia la polémica reproducción de las sentencias condenatorias por malos tratos. Desde entonces, Bono ha marcado el acento aún más en su política social, tildada en ocasiones desde el Partido Popular de electoralista.

Entre las medidas que contempla el anteproyecto de ley que ya ha aprobado el Ejecutivo castellano-manchego se recoge una deducción de 100 euros por hijos menores de tres años, la misma deducción que en el caso del cuidado de los ascendientes mayores de 70 años, compatible esta última con la percepción de pensiones no contributivas.

Los beneficios fiscales también se aplicarán a los discapacitados, con una deducción de 300 euros; la misma cantidad que para los contribuyentes que cuiden de una persona discapacitada, con un grado superior al 65% en ambos casos.

Beneficiar a la agricultura

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Pero además, según explicó ayer la consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araujo, la intención del Ejecutivo regional es asimismo apoyar con estas medidas fiscales a sectores tan importantes en esta comunidad como la agricultura. Así, se eleva al 100% la reducción en la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y se declaran exentas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales las explotaciones agrarias prioritarias en las adquisiciones y transmisiones por cualquier título, con independencia de que se transmita todo o parte de la explotación y del grado de parentesco.

Esta medida podría beneficiar a unos 750 agricultores (ya titulares o que quieran serlo de explotaciones preferentes o jóvenes agricultores) y permitiría una rebaja media de la tributación de estas operaciones en torno al 25%. Su coste se estima en unos 800.000 euros.

Por último, el plan de Bono incrementa con un 10% adicional la deducción por donativos, cuando se trate de cantidades donadas a entidades castellano-manchegas, sin fin de lucro, cuya finalidad principal sea la cooperación internacional.

"Política progresista"

Según Araujo, las deducciones que plantea el Gobierno de Castilla-La Mancha están marcadas por la política progresista que practica, ya que 'se materializa a través de deducciones en la cuota y beneficia más a los que están en un tramo de renta más bajo'. Medidas que además, explico la responsable de economía, 'completan la política social que desarrolla el Gobierno de Castilla-La Mancha y que se ejecuta fundamentalmente desde el presupuesto de gastos, porque sólo desde ahí se puede llegar a todas las capas de la población y a la totalidad de los colectivos'.

La consejera de Economía y Hacienda criticó, al mismo tiempo, la falta de inversión del Gobierno de España en política social a un ritmo 'alarmante', de manera que 'desde que gobierna el PP el gasto social ha descendido dos puntos y medio con relación al PIB'.

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