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Cruce de denuncias entre las familias gitanas expulsadas del cámping de L'Ametlla y la dirección del establecimiento

Las ocho familias de etnia gitana que fueron expulsadas el pasado martes del cámping Nàutic de L'Ametlla de Mar (Baix Ebre) -al que acudían todos los veranos desde hace nueve años sin que se hubieran producido problemas- denunciaron ayer el caso ante SOS Racismo con la intención de que se inicien diligencias contra la gerencia del centro por lo que consideran un acto de racismo y xenofobia. El colectivo presentará también una denuncia ante la Oficina del Consumidor porque cree que se han vulnerado sus derechos. La dirección del cámping, por su parte, también ha denunciado a estas familias por un presunto delito de agresión y amenazas.

Los propietarios del establecimiento han recibido el apoyo público del alcalde de L'Ametlla, Antoni Espuny (PSC), que ayer salió en su defensa asegurando que 'se han visto obligados a expulsarlos porque no respetaban las normas básicas de convivencia'. La formación ICV, por el contrario, emitió un comunicado en el que pide a la Generalitat que investigue los hechos, que calificó de 'intolerables'. A juicio del vicepresidente de la formación ecosocialista, Jaume Bosch, 'es un caso evidente de racismo'.

La Policía Local de L'Ametlla de Mar informó ayer de que la dirección del cámping Nàutic ha presentado una denuncia contra estas familias por agresiones y amenazas, que se habrían producido mientras abandonaban el centro tras ser expulsados. La policía fue alertada por los administradores del cámping y se desplazó hasta el lugar, sin que fuera necesaria su actuación.

Antoni Espuny, se mostró convencido de que la dirección actuó correctamente expulsando a los gitanos. 'Estas personas', aseguró, 'han causado problemas de convivencia'. Espuny quiso dejar claro que el cámping Nàutic, en los más de 40 años que lleva abierto, nunca ha recibido ninguna queja por razones de religión, nacionalidad o raza.

María Isabel Doblado, miembro de una de las familias expulsadas, declaró ayer a la agencia Efe que llegaron al cámping como todos los años, pero les hicieron 'presentar el DNI alegando un cambio de propietarios'. Ana María García, otra de las afectadas, aseguró que no se había producido 'ningún incidente' y que, por tanto, la dirección del cámping no tenía ningún motivo para expulsarles. Según esta mujer, a los cuatro días de instalarse, la propietaria del cámping les anunció que debían marcharse porque había recibido quejas de otros campistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de agosto de 2002