Coacción inadmisible

La Administración de George W. Bush está llevando a límites surrealistas su hostilidad hacia la Corte Penal Internacional, primer foro permanente para enjuiciar a individuos acusados de genocidio y otros crímenes contra la humanidad, felizmente puesto en vigor el mes pasado con el apoyo de 77 países, entre ellos los pertenecientes a la Unión Europea. Lejos de considerar al nuevo tribunal -cuyo tratado fundacional lleva la firma del ex presidente Clinton, pero nunca ha sido ratificado por el Congreso de EE UU- como un instrumento esperanzador para hacer más civilizado nuestro planeta, Washington lo contempla como una amenaza potencial para sus ciudadanos, básicamente soldados en misiones de paz o diplomáticos. En consecuencia, está utilizando su inmenso poder económico y diplomático para coaccionar a los signatarios.

La Casa Blanca no se ha conformado con presionar al Consejo de Seguridad de la ONU para obtener inicialmente un año de inmunidad para los militares estadounidenses involucrados en misiones pacificadoras, unos nueve mil en todo el mundo, colocándoles fuera del alcance de la Corte, con sede en La Haya. Ahora, y a la luz de las previsiones de la nueva ley antiterrorista firmada por el presidente la semana pasada, y aprobada con fuerte apoyo de los dos partidos, EE UU intenta acuerdos bilaterales de no extradición que eviten la eventual entrega al tribunal de sus ciudadanos respectivos. Ya lo ha hecho con el incondicional Israel y con Rumania, cuya condición de aspirante al ingreso en la UE ha provocado la irritación de la Comisión Europea. Nadie de buena fe, sin embargo, debería culpar a un país en las dificultades de Rumania por sucumbir a las presiones de la hiperpotencia, la única por otra parte capaz de abrir en su día a Bucarest las puertas de la OTAN. Suiza, por boca de su titular de Exteriores, acaba de anticipar su no a las pretensiones de Washington.

Bush ha añadido otra vuelta de tuerca. Amenaza a los futuros Estados participantes en la Corte Penal con perder la ayuda militar de EE UU si no se comprometen a garantizar la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses. La advertencia, obviamente, no se aplica a los países de la OTAN ni a otro puñado de aliados privilegiados de Washington, pero afecta directamente a medio mundo y sus efectos pueden ser devastadores para la causa de la justicia internacional. La ayuda militar incluye desde la formación y entrenamiento de oficiales extranjeros hasta las facilidades económicas para la compra de material de guerra estadounidense.

La actitud de la Casa Blanca desmiente groseramente las reiteradas afirmaciones de diversos responsables del Gobierno y el Congreso sobre la predisposición de EE UU a cooperar con sus aliados. Con el agravante de que la amenaza comienza a sustituir como herramienta a la persuasión. El presidente, con el apoyo del Parlamento y el beneplácito de la mayoría de sus conciudadanos, franquea una tras otra las barreras que conducen hacia el espléndido aislamiento de la superpotencia. Que sus designios sean escasamente compartidos -se trate del boicoteo a la CPI, de la pretendida guerra contra Irak en el marco de la cruzada global antiterrorista o de la indiferencia ante los problemas medioambientales- importa poco, aunque estén preñados de consecuencias graves para numerosos países.

No es ocioso recordar que esta escalada de arbitrariedades se produce mientras Washington mantiene desde hace meses en un alarmante limbo legal a 600 presuntos terroristas detenidos en su base cubana de Guantánamo. Y que el Gobierno de EE UU sigue sin facilitar la identidad, caso insólito en los usos judiciales de una democracia, de entre 150 y 200 ciudadanos que todavía permanecen arrestados en EE UU como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre.