Arde la provincia de Buenos Aires

Los indignados vecinos de la barriada de El Jagüel, en el distrito de Esteban Echeverría (provincia de Buenos Aires), no fueron a la comisaría a presentar una denuncia, sino a apedrear y prender fuego al edificio. Para ellos no había duda de que la Bonaerense, la cuestionada policía de la provincia más importante de Argentina, está detrás del secuestro y asesinato del joven de 17 años Diego Peralta, cuyo cadáver apareció en una poza con siete cortes de cuchillo. La batalla campal duró hasta medianoche, con cinco heridos y el saqueo de un establecimiento.

De nuevo la Bonaerense está bajo sospecha por un crimen aberrante. El viceministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Sain, aventuró que el secuestro y asesinato del adolescente podría ser parte de un compló contra el Gobierno provincial originado en las pugnas internas del Partido Justicialista (PJ, peronista), amo de la política provincial. Otras hipótesis apuntan a que el asesinato es un mensaje mafioso al ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Cafiero, que ha denunciado una conspiración en su contra. Cafiero no milita en el PJ y fue nombrado para el cargo el 1 de julio para depurar la policía provincial, tras el asesinato por uniformados de dos jóvenes piqueteros durante una jornada de protesta.

El joven salió de su casa a las 7 de la mañana del pasado 5 de julio para ir, como cada día, a la escuela privada de El Jagüel. Acostumbraba a recorrer el trayecto en bicicleta, pero aquel día llovía y tomó un taxi. A los pocos metros, un vehículo de color rojo interceptó su paso y bajaron tres uniformados. '¡Alto policía!', gritaron. Golpearon al conductor y preguntaron al pasajero si él era Diego, al que luego secuestraron.

Aquel mismo día se produjo la primera llamada telefónica de los secuestradores, que exigieron 200.000 dólares (206.000 euros) de rescate. Una suma imposible de reunir para una familia que vivía de los ingresos de una pequeña distribuidora de bebidas. Siguieron las llamadas, siempre de noche. Al fin los captores aceptaron el pago de 2.000 dólares y 9.000 pesos (2.575 euros), que los Peralta consiguieron reunir entre familiares y amigos.

El 20 de julio se entregó el dinero, pero Diego Peralta no recuperó la libertad. Pasaron 23 días hasta que la familia hizo público el caso. Durante más de un mes la investigación no avanzó. El caso llegó hasta la Presidencia de la Nación. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá ofreció una recompensa de 50.000 pesos a quien aportara datos sobre el paradero del joven.

Dos semanas después del secuestro detuvieron al subcomisario, José Alberto Hernández, que dirigía la investigación, y lo acusaron con otros policías de robar y extorsionar a un comerciante. Días después, detuvieron a dos miembros de la brigada antisecuestros de Lomas de Zamora, encargada del caso, acusados de secuestrar al hijo de otro comerciante.

Según el diario Página 12, la policía de la provincia de Buenos Aires ha sido apartada de la investigación, que aparentemente ha asumido la Policía Federal.