Rajoy y Zapatero acuerdan que el consenso marque el pleno del Congreso contra Batasuna

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, reafirmó ayer la voluntad del Ejecutivo de que el Congreso de los Diputados vote este mismo mes, pese a las vacaciones, la ilegalización de Batasuna. Rajoy telefoneó al líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Justicia, José María Michavila, al portavoz parlamentario de CiU, Xavier Trias, para iniciar conversaciones que permitan conjugar la urgencia que ha impuesto el presidente, José María Aznar, con el consenso que exige el PSOE y las garantías jurídicas que pretenden todos. Para ello, el Gobierno remitirá a los partidos el informe de la Abogacía del Estado sobre Batasuna antes de reunir de forma extraordinaria al Congreso.

El Gobierno confía en que el grupo de trabajo de la Abogacía del Estado que se constituyó el lunes, tras el atentado terrorista de ETA en Santa Pola, para analizar los posibles incumplimientos de Batasuna a la Ley de Partidos, tenga terminado su informe a principios de la próxima semana. Si sus conclusiones demuestran, como prevén el Ejecutivo y el fiscal del Estado, que Batasuna ha incumplido la ley y que ya hay argumentos jurídicos para ilegalizarla, el Gobierno remitirá ese informe a los partidos. Sería el paso previo a una convocatoria extraordinaria del Congreso en agosto.

El Gobierno prefiere que ese pleno sea convocado por la Diputación Permanente, es decir, por una 'amplísima' mayoría de la Cámara, tras una primera discusión parlamentaria. Pero todo eso debe ocurrir antes de fin de mes, sin descartar la convocatoria posterior de un Consejo de Ministros extraordinario si los partidos reclaman 'visualizar' de forma aún más clara la voluntad del Gobierno.

Ayer, en la segunda conversación telefónica que Rajoy y Zapatero han mantenido desde el atentado del domingo, el líder socialista pidió al vicepresidente que el 'consenso' entre los partidos democráticos, la 'firmeza' contra ETA y Batasuna y la 'serenidad' para que 'una buena Ley de Partidos tenga una buena aplicación' sean los ejes que marquen esta nueva etapa. El vicepresidente, según fuentes socialistas, compartió con Zapatero estas prioridades.

Método y calendario

Fuentes de La Moncloa añadieron que el Ejecutivo quiere 'negociar el método y el calendario' con el PSOE. Pero sin olvidar que Aznar exige imprimir la 'mayor celeridad' a la ilegalización de Batasuna después de comprobar que este partido no es capaz de 'la más mínima condena' al 'brutal e indiscriminado' atentado con el que ETA asesinó el domingo pasado en Santa Pola a una niña de seis años y un hombre de 57.

El vicepresidente ratificó ayer en Pontevedra que el Gobierno prefiere que las fuerzas políticas, 'de manera conjunta', pidan desde el Parlamento la ilegalización de Batasuna. Pero recordó que el Gobierno y el fiscal del Estado pueden presentar la demanda de ilegalización sin más. Al Gobierno, advirtió Rajoy, 'le sirve cualquiera' de estos métodos, porque 'tiene la firme convicción de que estamos ante un hecho clarísimo tipificado en la Ley de Partidos'.

El PSOE comparte con el Gobierno que 'es el momento' de ilegalizar Batasuna, y que hay que hacerlo aplicando la ley 'con firmeza y seguridad, porque lo demandan los ciudadanos'. Pero, según subrayó Carme Chacón, quiere garantizar 'que los únicos derrotados en la aplicación de la Ley de Partidos serán los violentos y los que les alientan'.

Ése es precisamente el temor que acompaña a CiU en su defensa de que no sea el Parlamento quien pida la ilegalización de Batasuna para evitar que la votación acabe convirtiéndose en una censura al nacionalismo. Trias asumió ayer que la voluntad del Gobierno pasa por convocar un pleno extraordinario este mes, precedido de una Diputación Permanente, después de hablar por teléfono con el ministro Michavila. Reiteró que a CiU no le gusta que sea el Congreso quien pida la ilegalización, pero si así sucede, el voto más probable, por 'lógica', sería la abstención.

Pere Macias, secretario general adjunto de CiU, fue más allá y criticó la iniciativa que pretende el Gobierno. Dijo que si se convoca un pleno extraordinario es 'porque se quiere aprovechar la sangre caliente del último atentado repugnante'. Tanto Duran como Jordi Pujol salieron al paso para corregir a sus correligionarios, informa Pere Rusiñol. 'No tiene sentido por nuestra parte ni por parte de nadie de nosotros especular sobre el posible voto de CiU', zanjó Duran.

El motivo de fondo es que incluso grupos que votaron contra la Ley de Partidos, como IU o el BNG, han anunciado ya que en esta ocasión no votarán en contra, sino que se abstendrán para marcar distancias con el partido que lidera Arnaldo Otegi.

Eugenio Nasarre, del PP, subrayó que 'los ciudadanos exigen la ilegalización' y que el atentado del domingo y la posterior reacción de Batasuna demuestran que 'no debe haber vacaciones parlamentarias a estos efectos'.