Modelo de ciudad
Después de que el PP rompiera en Estepona el pacto anti Gil, el PSOE ha venido insistiendo en la hipótesis de un pacto PP-GIL. Esta conjetura partía de una premisa improbable: que aún quede alguien dispuesto a pactar con quien ha demostrado que jamás cumple sus compromisos. Pero la realidad era aún más dura y con efectos más graves y permanentes: el PP se convirtió en Estepona en socio de los intereses urbanísticos de los gilistas y, simultáneamente -y eso es lo peligroso-, asumió su filosofía urbanística y sus herramientas. Al margen de cuestiones de estilo, el urbanismo de Gil consiste en su completa privatización y el arrinconamiento de la planificación. Esto se puede hacer con chulería -como hacía Gil- o con más tacto. En los dos casos, el efecto es el mismo.
Las herramientas son conocidas: la modificación de elementos de los planes urbanísticos y la firma de convenios. Ambas servían, en principio, para flexibilizar los planes, pero su abuso ha terminado por suplantarlos. Es evidente que cada elemento de un conjunto planificado se relaciona con el resto, por lo que es casi imposible alterar uno sin descomponer todo el plan: si, por ejemplo, se aumenta la edificabilidad de un barrio, crecerá el número de sus habitantes o usuarios y tendrán de aumentarse también accesos y servicios. Si no, la ciudadanía sufriría una merma en su calidad de vida. Para modificar los elementos -y añadir edificabilidad- se usa la otra herramienta: los convenios, que permiten que los ayuntamientos reciban financiación adicional. La experiencia da a entender que, muchas veces, de este modo no sólo se financian ayuntamientos, sino también otras cosas.
Ya durante la huelga de las basuras, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dio muestras de lo mal que lidia las crisis. Tampoco parece que esté dispuesto a controlar el urbanismo, que mantiene en manos de Manuel Ramos, el más correoso partidario de su rival Celia Villalobos, un hombre sin formación y un inquietante pasado como moroso.
Antes de irse de vacaciones, De la Torre tenía previsto recalificar casi medio millón de metros cuadrados. Se quedó en la mitad: faltaba documentación y, además, la Junta de Andalucía ha enseñado los dientes. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que elabore un nuevo plan, ya que el vigente ha desaparecido bajo la avalancha de convenios y modificaciones de elementos. Ramos opone el derecho del Ayuntamiento a elegir su modelo de ciudad, un modelo de geometría variable -a golpe de talón bancario- cuyos efectos ya se advierten: la privatización del urbanismo malagueño ha llevado a recalificar buena parte del suelo reservado a viviendas protegidas (VPO). Mientras en el conjunto de Andalucía, en el último trimestre de 2001, el 11,24% de los nuevos proyectos eran VPO -estaban en torno al 40% en 1996-, en Málaga, en el primer trimestre de este año sólo son VPO el 1,26%, porcentaje que descendió en marzo hasta el 0,17%. ¿Quién dice que ya no hay ideologías?
Es evidente que en el modelo de ciudad de De la Torre y Ramos no tienen cabida aquellos jóvenes que aún tratan de formar familia con los salarios de miseria que estos tiempos les tienen destinados.
