El Gobierno destina 3 millones de euros a reparar daños del atentado en Santa Pola

A medida que avanzan los trabajos de peritaje de los daños ocasionados por la explosión del coche bomba de ETA en Santa Pola el pasado domingo, las cifras se elevan. Los daños ocasionados alcanzan ya los tres millones de euros, según avanzó ayer el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Camps, en Alicante. El coste será asumido en su totalidad por el Ministerio del Interior. La onda expansiva afectó a 250 viviendas, de las que 50 pertenecen a particulares y el resto integraba el complejo de la casa cuartel, y a 25 coches que se hallaban estacionados en las inmediaciones. Los familiares de las víctimas cobrarán en dos meses, según el subdirector general de asistencia a las víctimas del terrorismo del ministerio, José María Martínez.

Camps detalló que las viviendas particulares serán rehabilitadas, dado que no han sufrido daños en su estructura. Peor suerte corrió el inmueble en el que se alojaban los agentes, que será demolido. Martínez, quien compareció junto al delegado del Gobierno para detallar el procedimiento de pago a los afectados, aseguró que los heridos y los familiares recibirán las indemnizaciones estipuladas en un plazo de dos meses. Interior sufragará a los damnificados el total de los costes causados por el atentado, independientemente de que los propietarios posean o no una póliza de seguro. 'Las viviendas serán devueltas en las mismas condiciones de habitabilidad, tanto en su continente como en su contenido', dijo. Martínez apuntó que los trabajos de rehabilitación, adjudicados a la empresa Fomento, comenzarán en breve, una vez tasados los daños.

En alusión al retraso en los pagos a los perjudicados por el coche bomba en Gandia hace año y medio, Martínez explicó que no existe paralelismo entre estos dos casos. El subdirector de asistencia a las víctimas del terrorismo apuntó que su departamento es el órgano que se encargará de las ayudas a los damnificados en Santa Pola dado que se considera 'como un acto terrorista'. En Gandia, los agentes fueron quienes explosionaron el artefacto, por lo que el asunto de los daños desde el punto de vista jurídico 'es distinto'. En el caso de Gandia, dijo, interviene la responsabilidad patrimonial del Estado, procedimiento que requiere un mayor número de tasaciones y, por tanto, el pago se retrasa.

Los estragos causados por la onda expansiva de los 40 kilos de cloratita reforzada con dinamita colocados en el coche bomba de Santa Pola, dejaron a 181 personas sin viviendas. Los perjudicados fueron realojados el domingo en hoteles y apartamentos ofrecidos por el Ayuntamiento de Santa Pola. No obstante, muchos de ellos prefirieron pasar la noche en casas de familiares y amigos de la zona.

Ayer, un total de 84 personas continuaban alojadas en hoteles y apartamentos, aunque anoche otro grupo de personas logró volver a sus viviendas. 'De las 84 personas que tuvimos que alojar, 72 las ubicamos en hoteles de la localidad; y otras 12, en apartamentos que encontramos en la noche del domingo, para hacer frente a la primera oleada de afectados tras el atentado', comentó ayer el concejal de Urbanismo, Laureano Bru. El edil explicó que las brigadas de limpieza del Ayuntamiento están 'trabajando en la zona; retirando cristales y desperfectos de las viviendas y de las fachadas para que el mayor número de personas posible pueda regresar hoy [por ayer] a sus viviendas'.

La peor parte, según Bru, se la llevó el inmueble que está frente al cuartel de la Guardia Civil: 'Estas doce viviendas no podrán ser ocupadas hasta dentro de seis meses porque muchos de los muros se han desplomado y la rehabilitación de estas casas costará bastante más'. Según explicó el concejal, la onda expansiva se dirigió contra el muro medianero y no contra la fachada, lo que evitó el hundimiento de la vivienda. Las tareas de saneamiento de las casas todavía no han comenzado, ante el posible peligro de caída de algún muro o techo y porque se está a la espera de un análisis más profundo de la estructura del inmueble. Los trabajadores de Fomento, la contrata encargada de las obras de rehabilitación, comenzarán el desescombro hoy. La citada empresa deberá realizar la valoración del coste de las obras, cifrado en tres millones de euros.

El objetivo principal para el edil de Urbanismo es acelerar la tramitación de las reclamaciones por daños de los vecinos de los aledaños del cuartel de la Guardia Civil.

Aparte de las viviendas, son ya 15 los coches que han resultado dañados y que tendrán que ser reparados con dinero del fondo del Ministerio del Interior habilitado para la víctimas de terrorismo. Éste era ayer el objetivo de José María Espí, de 71 años, que acudió a la Oficina de Desarrollo Local de Santa Pola para que se repare su Ford Escort, que resultó seriamente dañado por la explosión. 'No está muy mal para lo cerca que estaba del coche con la bomba, a unos 10 metros', explicó este vecino.

Espí veía la televisión cuando escuchó la fuerte explosión sobre las 20.20 horas del domingo. La atribuyó a una fuga de gas. 'De repente toda la escayola del techo de la casa se vino abajo, las puertas salieron volando, hasta la de la calle', narró este vecino de la calle Mayor. No fue hasta que escuchó los gritos en la calle de '¡bomba, bomba!' cuando se dio cuenta de que 'la cosa era más grave' y salió corriendo. Este vecino, que reside en Santa Pola desde hace 17 años, no se acogió al alojamiento que ofreció desde la noche del domingo el Ayuntamiento. 'La primera noche la pasamos en Santa Pola del Este, en la casa de mi hijo; y anoche [por el martes] en casa de mi otra hija. Pero queremos volver a casa, donde nos hemos dejado todo. Como en casa no se está en ninguna parte', señaló.

'Esperamos que nos dejen volver esta noche a dormir a casa. Iremos para ver si los técnicos nos dejan entrar, aunque no tengamos ventanas ni puertas', añadió José María Espí.

En la oficina habilitada por el Ayuntamiento, otras personas integraban una larga cola durante todo el día controlada por dos voluntarios de Protección Civil. En el interior, más de seis funcionarios tramitan las reclamaciones de los vecinos afectados por el atentado. Este perjudicado señaló que lleva dos días viniendo a la oficina 'porque siempre falta algún papel'.