La sanidad pública no atiende a su personal

Hace pocos días la prensa se hacía eco de la entrega por el presidente de la Comunidad y su consejero de Sanidad de la primera tarjeta sanitaria. Los funcionarios del Insalud transferidos a la Comunidad hemos empezado a recibir otra tarjeta bien distinta, la que nos excluye del sistema público. Al integrarnos en la Comunidad nos están asignando nuevo médico ¡en centros privados!

La Comunidad de Madrid venía prestando la asistencia sanitaria a sus trabajadores, al margen del Insalud, mediante un convenio de colaboración en la gestión amparado en la Ley General de la Seguridad Social: las llamadas empresas colaboradoras. Esta asistencia está sujeta a la inspección de la Seguridad Social y frecuentemente es perjudicial para el trabajador frente al que recibe la asistencia del Insalud y antieconómica para el sistema público.

El pasado mes de diciembre se aprobaron las transferencias sanitarias con las que la Comunidad de Madrid asume la gestión de la asistencia sanitaria del Insalud. Con estos cambios, mantener el antiguo convenio de colaboración con la Seguridad Social carece de sentido, pero la Comunidad lo ha mantenido, dándose la paradoja de que la Comunidad en realidad tiene que colaborar consigo misma, y fruto de esa encomiable colaboración, a los profesionales sanitarios nos remiten a la sanidad privada. De acuerdo con la normativa que regula estos convenios, 'todos' los trabajadores de la empresa colaboradora están sujetos al convenio, por tanto, también incluye a todo el personal estatutario; ¿saben los aproximadamente 50.000 sanitarios transferidos del Insalud que probablemente tendrán que acudir a médicos privados?

El 12 de julio, reunidos con el director general de Aseguramiento y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad, se planteó este problema y rechazó que esto fuera posible; sin embargo, el departamento de personal del Imsalud ha confirmado que nuestra baja en el sistema público está firmada con fecha de 1 de mayo y hace tres meses que nos cambiaron el médico de cabecera por otro de la sanidad privada.

Esto quiere decir que durante casi tres meses hemos estado acudiendo a los centros públicos sin tener derecho, los médicos del sistema público atendiéndonos sin tener obligación y, en definitiva, dinero público, que dicen tan escaso, perdido no se sabe dónde.

Surgen muchas preguntas: ¿dónde están los sindicatos o la junta de personal que han debido de ser informados por precepto legal?, ¿qué inspección sanitaria ha firmado el preceptivo informe previo a la autorización de este convenio de colaboración?

Como profesionales sanitarios, conocemos bien las diferencias entre los centros públicos y los privados Mantener este sistema supone desviar fondos públicos a la sanidad privada y un gravísimo perjuicio para la mayoría de los trabajadores.

Antes de las transferencias del Insalud, la Comunidad hacía un mero control administrativo de las solicitudes de apertura de centros sanitarios, nunca se han inspeccionado los centros y su funcionamiento (entre otras cosas, porque carecían de suficiente personal); tras las transferencias, los inspectores del Insalud han sido repartidos en varias direcciones generales, distintas de la Dirección General de Inspección, por lo que la actual (des)organización hace que la inspección sea ineficaz.

Ante esta situación, y mientras se presentan los recursos legales, recomendamos a los trabajadores que reciban esta 'cartilla sanitaria' que soliciten el cambio a un centro público. Si tienen que acudir a un centro privado, que exijan la documentación oficial que acredite la autorización del centro. Si ésta no se puede comprobar, que exijan a la Comunidad que les asigne un centro público.