El pleno de Málaga frena la recalificación de 224.000 metros de suelo

En plena polémica con la Junta a cuenta de la política urbanística que el Partido Popular (PP) aplica en Málaga, el equipo municipal de Gobierno dejó ayer aparcados los procedimientos de recalificación de tres parcelas que suman 224.000 metros cuadrados. En uno de los plenos más densos de la legislatura, el PP aprobó dos recalificaciones de 219.000 metros, la privatización de parte de la empresa del cementerio y la petición de dimisión de dos delegados de la Junta.

Pese a la huida hacia adelante con la que el PP de Málaga ha contestado a las advertencias de la Junta de retirar al consistorio las competencias urbanísticas delegadas si no varía su política urbanística, los resultados del pleno evidencian que el aviso, junto a la presión de la oposición, ha surtido algunos efectos y que el calcalde, Francisco de la Torre, ha recetado a su equipo ciertas dosis de prudencia.

Las recalificaciones de parcelas no urbanizables en Cortijo Jurado y El Retiro, donde se construirán sendos hoteles, y del complejo residencial de capital ruso quedaron aparcadas por distintos aspectos formales. En el primer caso no existía el preceptivo informe de Intervención y en el segundo existe un litigio entre los propietarios de la parcela. En cuanto al centro cultural-deportivo hispano-ruso, el equipo de Gobierno echó marcha atrás cuando el debate estaba en el turno de réplicas y tras desvelar el portavoz de IU, Rafael Rodríguez, que el apoderado de las cuatro sociedades promotoras no ha podido acreditar la representación de dos de ellas. 'Han puesto a Málaga en venta y con prisas', espetó.

Además de aprobar el polémico convenio urbanístico con Altadis que permitirá construir sobre 33.000 metros cuadrados de la fábrica de tabacos, el equipo de Gobierno sorprendió a la oposición con una moción de urgencia para crear un fondo económico con el que pagar las cotizaciones sociales de los trabajadores que queden sin empleo cuando cierre la fábrica, de cuya legalidad dudaron PSOE e IU porque nunca han tenido relación laboral con el Ayuntamiento. La oposición se mostró indignada porque el consistorio asume una responsabilidad que debía corresponder a una empresa que consideran ha sido altamente recompensada por cerrar una fábrica que era rentable.

Descarada intromisión

El debate del pleno alcanzó cotas de crispación con la propuesta del PP de pedir la rectificación y el cese de los delegados del Gobierno autonómico, Luciano Alonso, y de la Consejería de Obras Públicas, Enrique Salvo, que el miércoles advirtieron de la posible retirada de las competencias delegadas. El edil de Urbanismo consideró que se trata de una 'descarada intromisión y menoscabo de la autonomía local' y que la Junta 'no puede imponer su criterio contra la voluntad de la administración local, la más cercana al sentir y a los intereses de los ciudadanos'.

La portavoz socialista, Marisa Bustinduy, reprochó al equipo de Gobierno que 'siempre que organiza un desaguisado acaba pidiendo la dimisión de quienes lo arreglan', algo que recordó ya ocurrió con el consejero de Empleo y el delegado de Salud con ocasión de la huelga de limpieza. 'La autonomía hay que ejercerla con responsabilidad y lealtad, y no es hacer lo que uno quiera'.