Indicios contra Ternera

La justicia no olvida, ni los ciudadanos han olvidado, lo sucedido en Zaragoza en la madrugada del 11 de diciembre de 1987: la voladura por ETA, mediante la explosión de un coche bomba, de una casa cuartel de la Guardia Civil mientras dormían sus ocupantes, 11 de los cuales, entre ellos cinco niñas, resultaron muertos. Uno de los autores materiales de la masacre ha sido juzgado y cumple condena. Pero la justicia nunca ha desesperado de poder demostrar que la orden partió de los entonces integrantes de la cúpula de ETA residente en Francia, entre ellos José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, hoy parlamentario vasco por Batasuna y miembro de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Vitoria.

Un juez de la Audiencia Nacional considera que dispone de indicios suficientes -en especial, testimonios de etarras detenidos en los últimos años- para proceder contra Josu Ternera, Francisco Múgica, Pakito, y José María Arregui, Fitti -estos dos, también dirigentes de ETA en los años ochenta- y convertir en prueba irrefutable lo que es una convicción moral: su autoría, como inductores, de la matanza de Zaragoza. Y a la vista de esos indicios, la fiscalía ha pedido a la Sala Segunda del Supremo que asuma la investigación en lo referente a Josu Ternera, dada su condición de parlamentario y el carácter terrorista de los hechos, y le cite a declarar como imputado.

Es de esperar que la iniciativa judicial tenga sólidos fundamentos. Sería lamentable que se pusiera en marcha un procedimiento que no concluyera en una imputación clara contra Ternera y sus antiguos socios en la dirección de ETA y en su comparecencia a juicio. El voluntarismo sin más -el deseo legítimo de acabar con ETA- no lleva a ninguna parte en el ámbito de la justicia, salvo a su desprestigio y a la frustración ciudadana.

La repugnancia moral que produce que el jefe de ETA en una de las etapas más sangrientas de la banda armada -71 asesinatos durante los años 1987 y 1988, entre ellos los 21 de Hipercor y los 11 del cuartel de Zaragoza- forme parte de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco rebasa todos los límites. Además de una provocación, la presencia en esa institución de un etarra convicto -cumplió condena en Francia por pertenencia a ETA antes de su extración en 1996- constituye una permanente ofensa a las víctimas y al propio Parlamento vasco. Pero esa repugnancia moral no exime a la justicia de actuar con el rigor que exige el Estado de derecho. Es de esperar que la Cámara de Vitoria no ponga trabas y despoje a Ternera del fuero parlamentario.