El presidente de la Diputación de Córdoba dimite por contratar irregularmente a su ex amante

El PSOE de Córdoba aplicó ayer una cirugía rápida para atajar el escándalo en que se había convertido la contratación irregular en la Diputación de una mujer con la que había mantenido relaciones el presidente de esta institución, Matías González. Tras una maratoniana reunión del Comité de Ética del partido en Córdoba, González anunció que presenta hoy oficialmente su dimisión, aunque seguirá como diputado provincial y concejal del PSOE por Hinojosa del Duque (Córdoba) en tanto se resuelva la vía judicial abierta por la Fiscalía.

El Ministerio Público investiga si esa contratación supone un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y también si el hasta hoy presidente de la institución ha sido objeto de coacciones y amenazas por la joven, M.A.B., y por un empresario que colaboró con ella, R.B.

El secretario general del PSOE de Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara, comunicó ayer por la mañana a González la decisión adoptada por el Comité de Ética, que contemplaba dos opciones: la suspensión cautelar de militancia de éste o su dimisión como presidente de la Diputación.

En el supuesto de que González no hubiese presentado la renuncia, el PSOE habría presentado una moción de censura contra él en la institución provincial. Almenara explicó luego que la ejecutiva federal y la regional del PSOE respaldaban esta decisión de los órganos provinciales del partido.

La historia que ha desencadenado esta situación se inició en 2000 con la contratación como auxiliar administrativa en el área de presidencia de la joven M.A.B. con la que González mantenía una relación sentimental.

Esta empleada fue renovando contratos y pasó a otras dependencias de la Diputación hasta que ya no se le renovó el contrato a finales de 2001. Apoyada por R.B., la mujer se dirigió en varias ocasiones a Matías González, que, viendo en su actitud un posible chantaje, puso la situación en conocimiento del Juzgado de Instrucción 3 de Córdoba. Posteriormente, el presidente de la Diputación se desistió de su denuncia, pero eso no impidió que la Fiscalía iniciara una investigación en un doble sentido: para averiguar la posible irregularidad de la contratación y para investigar posibles amenazas y coacciones contra González.

El propio afectado explicó ayer en conferencia de prensa que esas dos personas grabaron una conversación en la que se aludía a él: 'Al parecer, y como luego se demostró, con el ánimo de utilizarlas contra mi y aprovecharse ilícitamente de esta Diputación'. González indicó que después cesó la amenaza y recibió de estas personas 'disculpas por escrito', lo que le llevo a solicitar el archivo de todas las actuaciones judiciales.

El dimisionario resaltó que el desistimiento se produjo antes de que el juzgado abriera procedimiento contra él, aunque posteriormente intervino la Fiscalía y se abrieron diligencias previas contra González por un supuesto delito de prevaricación. Sobre la contratación, matizó que 'es normal que a un cargo público se dirijan muchas personas en busca de trabajo' y que 'incluso en casos desesperado se les ayude de alguna manera, sin que ello signifique que los cargos públicos sean conocedores exactos de las condiciones precisas para formalizar los contratos'. Añadió que sea legal o ilegal la contratación 'en absoluto puede vincularse esta actuación administrativa a la anterior relación de amistad' con M.A.B.

Tanto González como Ruiz Almenara insistieron en que este asunto no tiene ningún parecido con el caso del alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, del PP, condenado por acosar a la concejal Nevenka Fernández, ya que aquí no se ha producido acoso sexual, ni denuncia en este sentido. El dimisionario atribuyó a intereses partidistas el que determinadas personas hayan intentado igualar ambas situaciones 'buscando desde el principio una condena moral por un delito que no ha existido'.

Almenara se mostró indignado con el fiscal jefe de la Audiencia de Córdoba, Narciso Ariza, al que atribuye una actuación favorable a los intereses del Partido Popular, y se preguntó si seguirán estas actuaciones contra cargos socialistas.

No obstante, el secretario provincial del PSOE admitió que se ha producido una irregularidad que él considera administrativa (nunca prevaricación) debido a la relación personal de Matías González con la joven. Por su parte, el presidente dimitido afirma que deja su cargo 'para no perjudicar a la Diputación' ni a su partido aunque reafirma su condición de haber actuado en todo momento 'con dignidad, honradez y honestidad'.