Reforma desmemoriada

El debate sobre la reforma de la educación primaria y secundaria ha derivado en una esotérica polémica sobre si existe o no memoria económica del proyecto de Ley de Calidad de la Educación, remitido al Congreso el viernes pasado. Primer punto del debate: ¿existe dicha memoria? A la luz de los documentos aportados por el partido socialista es obvio que el Ministerio de Educación elaboró al menos un borrador y lo remitió a Hacienda. Otra cosa es que el Gobierno haya decidido obviarlo en el texto aprobado. Segundo interrogante: ¿debería existir tal documento en el proyecto de ley? El PSOE cita la Constitución, el Reglamento del Congreso y la Ley del Gobierno, de 1997, para apoyar su tesis de que el proyecto debe ir acompañado de una memoria económica. El Gobierno asegura que ninguna ley le obliga y remite el debate económico a un ámbito distinto del parlamentario, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Cuestiones legales aparte, resulta incomprensible que una gran reforma educativa se presente sin una evaluación de su coste. El Ejecutivo británico, por ejemplo, ha planteado una inversión extra anual en educación de 20.000 millones de euros antes incluso de elaborar un texto articulado de ley. Aquí seguimos sin saber a cuánto ascenderá la inversión extra para poner en marcha la reforma, aunque todo indica que será mucho menor. Ni Aznar ni la ministra de Educación han hablado de dinero, pese a su insistencia en que la enseñanza está muy mal y hay que mejorarla.

Los últimos borradores de memoria económica evaluaban el coste de tres medidas de la reforma en 91 millones de euros al año a partir de 2005, una cantidad casí ridícula si se la compara con la inversión anunciada en el Reino Unido. Dichas medidas son la creación de itinerarios en la ESO, el adelanto en dos años de la enseñanza de un idioma extranjero en primaria y los programas especiales para alumnos extranjeros. Pero la medida probablemente más costosa será la extensión de la gratuidad al periodo de educación infantil comprendido entre los tres y los cinco años, que supondrá una nueva inyección de dinero público para las escuelas privadas concertadas.

Ocultar las cifras con el argumento de que el tema del dinero se debe debatir en el seno del Consejo de Política Fiscal no es de recibo. Primero, porque el Parlamento tiene derecho a conocer el coste de un proyecto que debe aprobar o rechazar. Segundo, porque las comunidades autónomas, que son las que deben aplicar la ley, están igualmente interesadas en conocer cuanto antes unos datos que son básicos. Más aún, dado que las competencias en educación están transferidas a las autonomías, ¿no habría sido prudente y beneficioso contar con ellas durante la elaboración del proyecto?