Hachuel y Pérez Escolar solicitan la suspensión de su condena

Rafael Pérez Escolar y Jacques Hachuel, condenados a nueve años y ocho meses, y cuatro años, respectivamente, por su participación en el caso Banesto, anunciaron ayer, a través de sus letrados, que han solicitado a la Audiencia Nacional la suspensión en la ejecución de la condena que les ha sido impuesta por el Tribunal Supremo. Pérez Escolar alega que padece una enfermedad incurable y ambos, que superan los 70 años de edad.

Pérez Escolar ha cumplido 75 años y Hachuel cumplirá 73 en noviembre. Aunque no hay ninguna norma que establezca que no se pueda ingresar en prisión con más de 70 años, es una práctica que se viene aplicando desde principios del siglo pasado, cuando la esperanza de vida de los españoles era mucho menor que en la actualidad. Los dos condenados pretenden que se aplique a su caso.

Tanto Pérez Escolar como Hachuel se encuentran ya en prisión. El letrado ingresó en la enfermería de la prisión de Madrid 2, es decir en Alcalá-Meco, el mismo lunes poco después de conocerse la sentencia, por encontrarse enfermo.

Jacques Hachuel, al que el Supremo ha condenado ahora a cuatro años -había sido absuelto por la Audiencia Nacional-, se encontraba ayer de vacaciones en Ibiza. A media mañana, su abogado, Luis Rodríguez Ramos, anunció que su cliente había conocido la sentencia en Ibiza y que estaba a punto de coger un vuelo para regresar a Madrid.

El letrado explicó que tiene intención de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del caso Banesto, pero mientras tanto ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la suspensión de la ejecución de la condena.

Entre los argumentos esgrimidos figura que Hachuel ha superado los 70 años, que la condena impuesta es únicamente de cuatro años y que tiene previsto solicitar su indulto al Gobierno por haber devuelto el dinero que le reclamaba Banesto por la operación de Carburos Metálicos por la que finalmente ha sido condenado.

La Audiencia Nacional respondió al abogado de Hachuel que se dará traslado al fiscal sobre la petición de suspensión para que informe sobre si procede o no la medida.

Rafael Pérez Escolar también reclamó ayer la suspensión de la ejecución de la condena, alegando motivos de edad y también que padece una enfermedad incurable.

La Sección Primera de lo Penal acordó que dos médicos forenses de la propia Audiencia Nacional examinen a Pérez Escolar e informen sobre el alcance de la enfermedad que padece.

El último de los condenados que permanece en libertad, el ex director general de Banesto Fernando Garro, condenado a seis años por delito de apropiación indebida por la operación de locales comerciales, se puso ayer en contacto con la Audiencia Nacional para anunciar que se desplazaba con su familia al lugar de vacaciones, pero que piensa regresar hoy para ingresar en prisión.

No obstante, sus abogados ya anunciaron que recurrirán la decisión al Tribunal Constitucional y que además tienen previsto solicitar el indulto.

250 millones de pesetas

Por otro lado, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia ya comenzó ayer a devolver las fianzas que algunos de los condenados habían prestado para garantizar su libertad provisional.

Así, el tribunal ha iniciado la devolución de 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros) de los 500 (3 millones de euros) que llegó a constituir Conde como fianza tras ser condenado en marzo de 2000.

La devolución se refiere únicamente a las cantidades y avales que les fueron prestadas por terceros, familiares y amigos, pero que no pertenecen a Conde.

Los 250 millones de pesetas restantes, que sí eran propiedad de Conde, no han sido devueltos, sino que se aplicarán a hacer frente a las responsabilidades civiles a las que fue condenado en la sentencia.

El mismo destino sufrirán los 50 millones de pesetas (300.000 euros) que aportó Arturo Romaní para quedar en libertad bajo fianza. Romaní es el único de los condenados que ingresó en la cárcel de Soto del Real, mientras que el resto lo hizo en Alcalá-Meco. Ni a Pérez Escolar ni a Garro les fueron impuestas fianzas para permanecer en libertad provisional.