Desoladora convicción

EN EL RECIENTE DEBATE sobre el estado de la nación, el portavoz del PNV hizo una apocalíptica denuncia de la ocupación del Poder Judicial por el Gobierno y reveló que el Constitucional se disponía a otorgar el amparo a los cinco condenados a elevadas penas de prisión (entre 71 y 75 años) por la Audiencia Nacional (abril de 2000) y el Supremo (julio de 2001) en el caso Lasa-Zabala. La terquedad de los hechos, sin embargo, ha desmentido la infundada y maliciosa predicción de Anasagasti; aunque fuese verdad que el Gobierno presionó al Constitucional a través de su presidente, del fiscal y del abogado del Estado para forzar una sentencia favorable a los recurrentes que le permitiera ahorrarse el coste político de su indulto (el torpe intento de recusar al magistrado Vives sería un indicio de esas recusables maniobras), el rechazo del amparo por el tribunal -siete votos frente a cinco- confirma una vez más la nítida frontera que separa a la política y a la justicia dentro del Estado democrático de derecho.

Quedan confirmadas las condenas dictadas por la Audiencia Nacional y el Supremo contra el ex general Enrique Rodríguez Galindo y otros cuatro coautores de dos delitos de secuestro y asesinato

Enrique Rodríguez Galindo (ex general de la Guardia Civil y jefe del acuartelamiento donostiarra de Intxaurrondo hasta 1995), Julen Elgorriaga (gobernador civil de Guipúzcoa al comienzo del mandato socialista), Ángel Vaquero (ex teniente coronel de la Guardia Civil) y Felipe Bayo y Enrique Dorado (cabos expulsados en su día del cuerpo) fueron condenados por dos delitos de detención ilegal y de asesinato. Las víctimas del crimen fueron dos jóvenes de Tolosa miembros de ETA que habían buscado refugio en Bayona tras atracar un banco en 1981; la documentada y recomendable obra sobre los GAL del periodista irlandés Paddy Woodworth (Guerra sucia, manos limpias, Crítica, 2002) ofrece un buen relato de la dramática desaparición, tortura y muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Ese negro episodio marcó el arranque cronológico de las criminales operaciones encubiertas perpetradas entre 1983 y 1986 (con un lúgubre saldo final de 27 cadáveres) por los aparatos de seguridad estatales contra ETA y su entorno en el sur de Francia. Los 19 años transcurridos entre el secuestro de Lasa y Zabala en Bayona la noche del 15 al 16 de octubre de 1983 y el rechazo del amparo constitucional solicitado por sus verdugos sirvieron de escenario a episodios tan siniestros como el casual hallazgo en 1985, cerca de Busot (Alicante), de sus restos calcinados, que tardarían una década en ser identificados: el examen forense reveló que los secuestrados fueron sometidos a torturas y asesinados mediante tiros en la cabeza.

La sentencia del Constitucional pone de manifiesto la mala fundamentación de los motivos de amparo alegados por los condenados: su derecho a un juez imparcial (por la frustrada recusación de varios magistrados durante el proceso) y a la presunción de inocencia (por la retractación de Bayo de su inicial confesión inculpatoria y por el valor dado a las declaraciones de testigos de referencia). El voto discrepante de los cuatro magistrados defiende con sofistería doctrinal una estimación parcial del amparo, limitada al delito de asesinato: esa marrullera maniobra fracasó en su tentativa de anular las sentencias de la Audiencia Nacional y del Supremo a fin de retrotraer las actuaciones hasta un nuevo juicio que permitiese declarar prescrito el delito de secuestro sin muerte.

Con independencia de las eventuales presiones políticas ejercidas desde fuera del tribunal y coadyuvadas taimadamente desde su interior, la mayoría firmante de la sentencia y la minoría derrotada del Constitucional han sostenido un debate exclusivamente jurídico: los magistrados discrepantes confiesan su 'desolada convicción' de que 'agentes del Estado estuvieron detrás de los repugnantes crímenes' del caso Lasa-Zabala. Esta confirmada subordinación del Estado democrático de derecho a los principios, los mandatos y las garantías del ordenamiento constitucional da la razón a Paddy Woodworth cuando afirma que la capacidad de los tribunales españoles para castigar -sin producir 'ningún cataclismo'- los crímenes de la guerra sucia sirve como prueba de que 'la democracia más joven de Europa occidental es, en este sentido, más madura que Francia, Alemania o Gran Bretaña'.