El Foro Social lleva al Supremo el traslado de los juzgados de guardia a sede policial en la cumbre

La cumbre de la UE finalizó hace casi un mes, pero el Foro Social de Sevilla quiere avivar el debate sobre 'el recorte de derechos y libertades' que, a su juicio, desencadenó el Gobierno durante esos días en la ciudad. El equipo jurídico de la plataforma, integrado por 51 abogados, ha recurrido a las más altas instancias judiciales -el Tribunal Constitucional y el Supremo- por el traslado de los juzgados de guardia a dependencias policiales del 20 al 24 de junio, aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, y la prohibición de la manifestación inicial del Foro Social, respaldada por el TSJA.

Rafael Ibáñez, acompañado de ocho abogados pertenecientes a la comisión jurídica del Foro Social de Sevilla, denunció ayer que la actuación del Gobierno 'atentó gravemente contra las libertades públicas'. Ibáñez justificó las iniciativas del equipo jurídico con el argumento de que 'la respuesta a cada una de esas agresiones tenía que ser igual de contundente desde el Foro'.

La plataforma que organizó los actos alternativos a la cumbre de la UE, celebrada en Sevilla los días 21 y 22 de junio, ha recurrido a las más altas instancias judiciales -el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo- para mostrar su desacuerdo con la prohibición de la manifestación original del Foro Social y el traslado a dependencias policiales de los juzgados de guardia durante los días de la huelga general y la cumbre.

El recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional pide la anulación de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA el pasado 14 de junio, mediante la que respaldaba la decisión de la Delegación del Gobierno en Andalucía de prohibir que la manifestación del Foro Social discurriese desde el puente de la Barqueta hasta la glorieta del Cid. En la resolución gubernamental se ofrecía una ruta alternativa, en paralelo al río, que alejaba la marcha antiglobalización del centro histórico. Esta sentencia incluía un voto particular discrepante. Jon Ander Sánchez, el abogado que llevó el caso, considera que se 'vulneró el derecho de manifestación' y que 'no ha sido respetada la doctrina del Tribunal Constitucional'. 'Durante esos días se estableció una especie de estado de excepción no declarado', censuró.

El recurso por el procedimiento especial formalizado ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de autorizar el traslado a unas dependencias policiales de los juzgados de guardia, del 20 al 24 de junio, considera que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución. 'El juez no sólo debe ser imparcial, sino tener apariencia de imparcialidad', subrayó la abogada Marina Ibáñez. En el texto presentado ante el Supremo se hace hincapié en 'la injerencia ilegítima del poder ejecutivo en la organización del poder judicial', al autorizar un traslado que parte 'de la Delegación del Gobierno en Andalucía'. Ibáñez criticó igualmente la limitación en el acceso a los jueces de guardia durante esos días. 'El traslado provoca la falta de confianza legítima de los ciudadanos ante la militarización del entorno judicial', señalan en el recurso.

La comisión jurídica del Foro Social denunció también el traslado de unos 200 reclusos de la prisión de Sevilla a los centros de Huelva y Córdoba durante los días previos a la cumbre. 'Son traslados arbitrarios e ilegales que ponen de manifiesto la política represiva', indicó la letrada María del Carmen Morcillo.

Los abogados del Foro, que denunciaron las identificaciones y controles masivos efectuados, también han reclamado a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla el acceso a las imágenes captadas por las fuerzas de seguridad durante la manifestación del sábado 22 que sirvieron como base para cifrar la asistencia a la manifestación en 20.000 personas.