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De la Rosa, condenado a 20 meses de cárcel por falsedad y estafa

El Supremo eleva la pena impuesta por la Audiencia de Barcelona

El Tribunal Supremo elevó ayer de cuatro meses a un año y ocho meses de prisión la condena impuesta por la Audiencia de Barcelona al financiero Javier de la Rosa por delitos de falsedad documental y tentativa de estafa. De la Rosa no ingresará por el momento en prisión, al ser la condena inferior a dos años y no tener antecedentes penales. La situación cambiaría si fuera condenado en los juicios que tiene pendientes en la Audiencia Nacional.

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La Audiencia de Barcelona, en una sentencia de mayo de 2000, consideró prescrito el delito de falsedad en documentos y sólo condenó a De la Rosa a cuatro meses de cárcel por el intento de estafa. Sin embargo, considera que el delito de falsedad no ha prescrito, puesto que se trata de dos infracciones conexas (estafa y falsedad) 'ideadas y ejecutadas con un único designio común, cuales son las falsedades documentales, cuya exclusiva finalidad es urdir el engaño para la consecuente acción defraudatoria lucrativa'. Por tanto, según el Supremo, el plazo de prescripción no puede comenzar hasta que el 'conjunto complejo delictivo se comete en su totalidad'; es decir, el Supremo alega que, como en este caso no había prescrito la estafa, tampoco puede haber prescrito la falsedad.

El Supremo considera también que ambos delitos se encuentran en relación de carácter instrumental -la falsedad es medio para cometer la estafa- y que el Código Penal de 1995 lo castigaría con una pena mínima de cuatro años, dos meses y un día de prisión; por ello, al ser el Código Penal anterior más favorable, se sancionan los dos delitos. El Supremo mantiene la pena de cuatro meses por la estafa intentada y fija la falsedad en un año y cuatro meses debido a la gravedad de los hechos.

De la Rosa deberá indemnizar a Kuwait Investment Authority (KIA) con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios que se le causaron con motivo de los procedimientos civiles incoados con apoyo en documentos falsos.

De la Rosa era hasta mayo de 1992 vicepresidente del Grupo Torras, accionista mayoritario de Quail España, administrador solidario de Folma hasta 1992 y controlaba Mira a través de Quail. Los accionistas de Torras eran en 1991 dos sociedades holandesas controladas por KIO y otras sociedades controladas por De la Rosa.

El 18 de diciembre de 1990 se suscribieron dos acuerdos que, pese a referirse a un idéntico negocio, contenían datos y pactos diferentes y contradictorios. En esencia, se establecía el compromiso de compra por parte de Torras de las acciones de la sociedad que estaban en poder de las restantes sociedades. En julio de 1991 las sociedades se dirigieron a Torras para que formalizara la transmisión de las acciones. En marzo de 1993, siguiendo instrucciones de De la Rosa y Narciso de Mir, ya fallecido, se interpusieron demandas contra KIO recordando el compromiso de comprar las acciones que Folma y Mira tenían del Grupo Torras. El documento que aparentaba el contrato de KIO con Folma y Mira era falso, y el 10 de julio de 1996 KIA se querelló contra De la Rosa por estafa y falsedad.

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